EscucharEl sistema de pensiones del Poder Judicial tiene un déficit insalvable. Como el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, transitó durante años por el sendero de las negaciones, recriminaciones a los críticos y rechazo de estudios actuariales independientes. Como sucedió con el IVM, las excusas acaban de topar con pared porque actuarios de la Universidad de Costa Rica corrieron los velos y expusieron la verdad.
El panorama es aterrorizante y reivindica a los críticos y autores de estudios actuariales anteriores. El libreto parece calcado del drama del IVM. Ni siquiera las reformas bajo trámite en la Asamblea Legislativa alcanzan para superar la crisis, como lo ha venido adelantando este diario.
Los defensores del incosteable sistema de privilegios están atrapados por su propia retórica. La Universidad de Costa Rica es una institución pública y, para la mentalidad burocrática, está libre de toda sospecha. Sus conclusiones son santa palabra, para no insistir en que coinciden con lo planteado desde hace años por el anterior superintendente de pensiones, Édgar Robles, y diversos expertos.
Los estudios que revelan la existencia de un déficit actuarial se remontan, cuando menos, al 2006. Las recomendaciones de sucesivos análisis no se llevaron a la práctica. Las explicaciones varían según la fuente. En una entrevista publicada por La Nación el 7 de agosto del 2012, Alfredo Jones, director administrativo del Poder Judicial, ahora retirado, respondió sobre la falta de correctivos: “preguntémosles a las asociaciones de empleados, que siempre se han opuesto”.
Pero la Superintendencia de Pensiones (Supén) depositaba la responsabilidad en la arquitectura de un sistema que pone la administración del fondo en manos de los magistrados quienes, al mismo tiempo, son sus beneficiarios y toman trascendentales decisiones en sede jurisdiccional, como es el caso del levantamiento del tope a las pensiones en el 2010, por resolución de la Sala Constitucional.
Pero los magistrados no legislan, como bien lo apuntó Jones en la entrevista hace cinco años. “Es una ley y las leyes son aprobadas por la Asamblea Legislativa”. Hace rato llegó el momento de reconocer que la ley es letra muerta si las finanzas no dan para sostener el régimen. Tampoco sirven de nada las sentencias. El déficit de ¢5,3 billones detectado por los actuarios de la Universidad de Costa Rica no dejará de existir por resolución unánime de los magistrados ni, tampoco, por voluntad de los diputados.
La revelación de las dimensiones del problema no garantiza acciones correctivas. Todavía hay margen para la posposición, aunque implique agravar las finanzas del régimen en el futuro. Los empleados judiciales más jóvenes deben despertar. Sueñan con jubilaciones tan jugosas como las repartidas en la actualidad, pero no las tendrán. En el 2015, las señales de alarma ya estaban encendidas, pero había cinco trabajadores cotizantes por cada jubilado. En el 2040, cuando muchos de los empleados actuales estén listos para el retiro, la proporción será de uno a uno, pero los pensionados del Poder Judicial habrán comenzado a sufrir las debilidades del régimen desde mucho antes.
Los empleados jóvenes aplauden la concesión de jugosas pensiones en la actualidad porque ellas encierran la promesa de un trato similar en el futuro. En realidad, están poniendo en riesgo la totalidad de sus jubilaciones. El Estado ya aporta al fondo del Poder Judicial sumas mayores, pero es difícil creer que las finanzas públicas soporten, el día de mañana, el rescate del costoso régimen de pensiones. Por algún lado la cuerda va a reventar.
