Los muelles de Limón, punto de salida del 80% de las exportaciones costarricenses, cerraron el viernes, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, con motivo de la asamblea general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva. La actividad no dura tanto, pero la convención colectiva autoriza el feriado.
Los asambleístas fueron convocados para comenzar el encuentro a las nueve de la mañana. El secretario general del sindicato, Ronaldo Blair, plantea el horario de cierre como si fuera un trascendental avance, porque, en el pasado, el cierre comenzaba a la medianoche, no a las ocho de la mañana. Según el razonamiento, el país más bien ganó seis horas de operaciones.
Las pérdidas son cuantiosas. El costo de mantener un barco anclado, en fila para recibir servicio, es millonario. Según la Cámara de Exportadores, el viernes estaban en espera de seis navíos. Laura Bonilla, presidenta de esa organización, explicó que el tráfico más intenso se produce, precisamente, hacia el fin de semana.
En el 2010, el país recibió con agrado la noticia de que los muelles de Limón ofrecerían servicio 365 días al año. La operación de los puertos marítimos y aéreos sin interrupciones es la norma en toda el mundo, pero en Costa Rica se celebró la noticia como un logro extraordinario. Es como si celebráramos la continuidad de la generación eléctrica o de los servicios de policía.
A los muelles de Japdeva no parece haber llegado la noticia del cambio en la estructura productiva costarricense, la diversificación y dinámica de las exportaciones, y su importancia para el desarrollo nacional. Una nación dependiente del comercio exterior no puede darse el lujo de cerrar sus puertos. Las importaciones, desde luego, también se ven perjudicadas y tienen la misma relevancia.
Con el encarecimiento de las operaciones en virtud del cierre, las ventas de productos nacionales al extranjero pierden competitividad y las importaciones se encarecen, a cuenta del consumidor local.
En el 2010, cuando se calculó en ¢12.000 millones el costo de cerrar los muelles el Día de la Madre, las autoridades sometieron a discusión el artículo 37 de la convención colectiva para eliminar los cierres del primero de enero, el día de la elección presidencial, el Jueves y Viernes santos, el primero de mayo, el 15 de setiembre, el día del desfile de carnaval y el 25 de diciembre. Esa cantidad de feriados, al costo apuntado, era insostenible. El avance no incluyó el día de la asamblea ordinaria del sindicato.
Blair afirma que la actividad se celebra cada dos años. Eso no elimina los costos y efectos del día perdido. Tampoco explica la duración del cierre, muy superior a la de la asamblea. ¿Estaría el país dispuesto a suspender la generación eléctrica o los servicios de policía una vez cada dos años?
El cierre de operaciones se suma, en pocos meses, a la afectación de los servicios por la fallida huelga de octubre contra la construcción del megapuerto contratado con la firma holandesa APM Terminals. La acertada intervención del Gobierno para mitigar los efectos de la huelga se basó, precisamente, en la estimación de sus costos directos e indirectos, incluyendo, entre otros, las horas no laboradas, los $25.000 diarios por el atraso en la atención de cada navío, la desprogramación de rutas y transbordos, los reclamos por incumplimiento de fechas de entrega y la pérdida de productos perecederos. Las mismas consecuencias tiene la celebración de la asamblea.
El caso viene como anillo al dedo para demostrar la conveniencia de abrir opciones a los muelles controlados por el sindicato de Japdeva. Hacerlo generará nuevos negocios para el país y avance en la provincia del Atlántico. La competencia probablemente termine por beneficiar a la propia Japdeva.