EscucharEl Partido Liberación Nacional (PLN) pasó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la factura de alquiler de un local en San José, supuestamente arrendado para instalar un club político durante la pasada campaña electoral. En el inmueble opera un hotel perteneciente a la esposa del diputado Óscar Alfaro, y nadie lo recuerda como sede partidaria. Según los representantes del hotel, el sitio sirvió de oficina para reuniones de la dirigencia, pero no precisaron cuáles dirigentes ni cuántos encuentros se celebraron. Los cheques entregados en pago se refieren al “club del cantón central”.
Otros 42 cheques, por un total de ¢22 millones, son objeto de una investigación separada. Fueron cambiados por personeros de la oficina de campaña del diputado Alfaro y no por los 20 proveedores de vehículos a quienes correspondía el pago. Además, dirigentes de la campaña y personeros del comando central hicieron efectivos un centenar de cheques girados en 19 cantones por el mismo concepto. Al menos cuatro propietarios de autos negaron haber recibido las sumas cobradas al TSE, que alcanzan los ¢56 millones.
Los ejemplos abundan y no son exclusividad del PLN. Uno de los casos más graves es el de las inexistentes sesiones de capacitación política cobradas por el Movimiento Libertario. Carlos Solano Álvarez, secretario de Capacitación del partido, dijo al Ministerio Público que los 194 cursos, con un costo de ¢210 millones, nunca fueron dictados.
Sin embargo, el caso del PLN es particularmente útil para demostrar la limitada eficacia de los controles vigentes, porque el informe de gastos liberacionista pasó el filtro de la revisión aleatoria ejecutada por el TSE, y los cuestionamientos surgieron después de girados los pagos.
Según la ley, el Tribunal dispone de 15 días para girar el dinero con base en un informe elaborado por los partidos políticos y revisado por un contador público autorizado. Este último, extraído de una lista de profesionales idóneos recopilada por la Contraloría General de la República, certifica la correspondencia entre el informe y la realidad, pero las cuentas son muchas, y es difícil exigir la precisión y profundidad necesarias para asegurar su integridad.
Consciente de ese hecho, el TSE incorporó en su reglamento un segundo filtro. Es una revisión aleatoria que en muchos casos tarda hasta cinco meses, muy por encima del plazo de 15 días concedido por la ley. La medida permitió detectar, en la elección del 2010, ¢4.000 millones en cobros discutibles, es decir, un 13% de los pagos reclamados. Si la revisión aleatoria produce suficientes incongruencias, el TSE hace una inspección detallada. Ese es el caso del Movimiento Libertario y de Renovación Costarricense, pero el PLN pasó la prueba inicial sin contratiempos.
Los ¢4.000 millones en gastos rechazados atestiguan el esfuerzo del TSE. Al mismo tiempo, demuestran el grado de descontrol existente en el interior de los partidos. Por su parte, el caso del PLN prueba las limitaciones de la revisión aleatoria. En suma, ni los controles internos de los partidos ni el requerimiento de certificación por un contador ni la revisión del TSE, bastan para garantizar la buena inversión del dinero público o de las donaciones particulares.
En una actividad tan compleja, difícilmente se conseguirá el control absoluto, pero la experiencia del 2010 sirve para descartar por completo la iniciativa surgida en el Congreso, hace unos tres años, para eliminar el requisito de comprobación del gasto. La idea nunca ingresó a la corriente legislativa, dado su altísimo costo político, pero, sin duda, subsiste como pretensión.
La experiencia reciente más bien indica la necesidad de fortalecer los controles. A partir del año entrante, las asambleas partidarias de todos los niveles estarán obligadas a nombrar un fiscal. La medida no sobra, pero será insuficiente. Hace falta vigilancia externa. Los partidos políticos deberían estar obligados a contratar auditorías en el curso de la campaña. El costo podría ser reembolsado por el TSE como parte de la deuda política. La medida simplificaría la labor del Tribunal, limitaría las irregularidades y cimentaría la confianza de la ciudadanía.
Los gastos de campaña se pagan con la contribución estatal y también con donaciones de particulares cuya buena fe no debe ser traicionada.
El Estado y los donantes tienen derecho a la correcta inversión de sus fondos, destinados a avivar la experiencia democrática y no a fines inconfesables.
