La Caja Costarricense de Seguro Social elevó a ¢183.760 la base mínima de cálculo de las cotizaciones

 16 enero, 2015

A partir de este mes, la Caja Costarricense de Seguro Social presume un salario mensual de ¢183.760 como base mínima de cálculo de las cotizaciones a los regímenes de salud y retiro. No importa cuánto gane el trabajador en la realidad. La Caja exige saber cuánto se le paga, pero, si el salario es menor que el mínimo fijado por la Junta Directiva de la institución, las cotizaciones siempre se fijan de conformidad con el salario presuntivo, que hasta diciembre era de ¢131.760.

Es una receta ideal para promover la informalidad y el desempleo. En muchas ocupaciones a las cuales están dedicados miles de trabajadores, el empleo parcial es prácticamente una norma. No todos los hogares necesitan, por ejemplo, la ayuda de un servidor doméstico ocho horas diarias, seis días por semana.

Si una empleada doméstica es contratada para laborar 16 horas por semana con un salario de ¢1.500 por hora, recibirá ¢96.000 por mes. El salario está por encima del mínimo legal y el patrono, completamente a derecho en ese aspecto, pero la Caja no acepta la realidad de la relación laboral para fijar las cotizaciones. Las cargas sociales se calcularán con base en el salario presuntivo de ¢183.760 fijado por la directiva de la institución.

En otras palabras, patrono y trabajador aportarán, en conjunto, unos ¢68.000, equivalentes al 36,97% del salario presuntivo, pero al 71% del salario real. Las verdaderas cargas sociales del salario utilizado como ejemplo son, evidentemente, prohibitivas, no solo para el patrono, sino también para el trabajador. A este último le correspondería cotizar unos ¢17.163, equivalentes al 18% del total realmente devengado.

Si la Caja persiste en aumentar la base contributiva mínima hasta el equivalente de un salario total, es decir, ¢251.191 en este momento, el patrono pagaría ¢92.865 y el empleado ¢23.461. En conjunto, cotizarían ¢116.326. Entonces, las cargas sociales superarían, en mucho, el salario real. El empleado trabajaría una semana al mes para la seguridad social y el patrono le pagaría al sistema casi tanto como al asalariado.

No es de extrañar, entonces, que patronos y trabajadores se pongan de acuerdo para ocultar la relación laboral a las autoridades. Al trabajador le queda la posibilidad (irregular) de asegurarse por mucho menos, como voluntario o independiente, pero en la mayoría de los casos queda, simplemente, desprotegido y listo para ser atendido como indigente, si se presenta la ocasión. Quien quiera mantenerse a derecho y no cuente con los recursos o no quiera caer víctima de un cobro tan desproporcionado, solo tiene la posibilidad de no contratar asistencia doméstica.

Para perseguir a los evasores, la Caja podría lanzar una fuerte campaña de inspección. No le será difícil encontrar las irregularidades, pero, mientras más éxitos coronen el esfuerzo, mayor será el desempleo. Preocupados por la posibilidad de caer en la redada, muchos patronos optarán por deshacer la relación laboral con el empleado de jornada parcial. La defensa del trabajador será su fin.

El ajuste de la renta presuntiva se anuncia cuando la propia Caja revela una fuerte caída en el crecimiento del empleo formal, de 4,3% en el 2012 a 1,3% en el 2014. Al mismo tiempo, la evolución de la economía hace pensar en la necesidad de proteger el empleo existente para evitar el flagelo de la desocupación.

Sin embargo, la Caja no actúa por capricho. Un trabajador asegurado por el salario real de todas formas recibirá, cuando se pensione, la jubilación mínima, muy superior a la que realmente cobraría, si el cálculo se hace a partir de lo devengado en nuestro ejemplo. Ese trabajador también exige atención de los servicios de salud. Pero lo cierto es que, de cualquier forma, el empleado de patronos evasores recibirá, cuando menos, una pensión del régimen no contributivo y nadie puede negarle atención en los centros de salud de la Caja.

Hay soluciones, pero ninguna es de fácil adopción. Lo importante es reconocer cuanto antes que el sistema es insostenible y actuar con sentido de urgencia para promover el empleo formal, dejar de impulsar a patronos y trabajadores hacia la clandestinidad y proteger la seguridad social.

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