Opinión

EDITORIAL

La continuidad de Ortega

Actualizado el 21 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

El presidente nicaragüense está a las puertas de remover el obstáculo constitucional a su permanencia en el poder luego de dos periodos consecutivos de gobierno

Daniel Ortega preside el Ejecutivo, pero su partido manda en el Congreso, el Poder Judicial y hasta en la autoridad electoral

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El presidente nicaragüense Daniel Ortega está a las puertas de remover el obstáculo constitucional a su permanencia en el poder luego de dos periodos consecutivos de gobierno, en el curso de los cuales cimentó su control del Estado a un punto sin precedentes desde la dictadura de la dinastía somocista.

Como líder de la revolución sandinista, Ortega consiguió un periodo de ejercicio casi ilimitado del poder en la década de los ochenta, pero fue fruto de la lucha armada y concluyó con una consulta a las urnas ganada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Ahora, el control nace del manoseo de la institucionalidad puesto en boga por el movimiento bolivariano.

Ortega preside el Ejecutivo, pero su partido manda en el Congreso, el Poder Judicial y hasta en la autoridad electoral. Pactos fraguados con sectores de la endeble oposición, en particular la encabezada por el expresidente Arnoldo Alemán, le permitieron al gobernante sortear los obstáculos a su ascenso al poder en el 2007 y, desde entonces, no ha hecho más que consolidar las posiciones ganadas.

A cada paso, Ortega y sus aliados ajustaron las reglas a su conveniencia. Si en el 2007 su elección parecía difícil en virtud de la cantidad mínima de sufragios exigida por la Constitución, un acuerdo con Alemán bajó la barrera al nivel del caudal histórico del sandinismo en otros comicios.

Si en el 2008 la oposición amenazaba con incrementar su terreno político, con un triunfo en las elecciones municipales, el Consejo Supremo Electoral (CSE) estuvo presto a presidir unos comicios cuestionados por amplísimos sectores de la sociedad nicaragüense y los observadores extranjeros, lo cual le valió al país el congelamiento de la asistencia económica europea.

Si en el 2012 no podía ser candidato por expresa prohibición constitucional de la reelección, los jueces sandinistas de la Corte Suprema de Justicia estuvieron dispuestos a declarar la norma inaplicable a su caso y despejaron el camino para su participación en las elecciones.

Ahora, toca el turno al Poder Legislativo para allanar el camino del mandatario. Una reforma constitucional aprobada por 63 legisladores sandinistas y un aliado de otro partido alterará, de golpe y plumazo, 40 artículos de la carta magna, incluida la prohibición de la reelección, que ahora será posible a perpetuidad. Falta la aprobación de la propuesta en una segunda legislatura, el año entrante, para dejar los cambios afianzados.

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Si el mandatario cifrara sus esperanzas de una nueva victoria en el control del Estado forjado a lo largo de una década en el poder, ya con eso sería un contendiente formidable. Si a esa influencia se suma el fruto de intensas prácticas clientelistas desarrolladas para ampliar la base popular sin mayor preocupación por las soluciones permanentes, las posibilidades de conservar el poder en las urnas son todavía mayores. Pero el mandatario también ha conseguido alianzas o, por lo menos, una entente cordiale con importantes sectores del empresariado nicaragüense.

Ortega no estorba los negocios y los empresarios no estorban el ejercicio del poder. Esos acuerdos cierran el círculo de un control que permite pronosticar el continuismo a largo plazo.

Entre las reformas constitucionales pendientes de casi segura aprobación en segunda legislatura, varias tienden a la estabilidad en el ejercicio del poder. Los legisladores sandinistas, por ejemplo, deberán permanecer leales so pena de perder la credencial, porque la nueva norma constitucional no permite a los diputados cambiar de partido.

La acumulación de poder desde el poder es precisamente el círculo vicioso que las normas contrarias a la reelección pretenden romper. Nicaragua está a punto de remover esa barrera, con grave riesgo de desencadenar abusos aún mayores.

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