Hay que impulsar negociaciones sustantivas entre el Ejecutivo, la Asamblea y los partidos

 4 septiembre, 2014

En su discurso con motivo de los primeros cien días de administración, y tras un extenso –y muy selectivo– diagnóstico de situación, el presidente, Luis Guillermo Solís, dedicó 11 párrafos a una tarea indispensable para que el país supere retos, rompa barreras y active oportunidades. Nos referimos al diálogo y, sobre todo, los acuerdos políticos de largo aliento y orientación precisa. Sin ellos no será posible “la aprobación de importantes proyectos de ley que pueden dar solución a muchos de los problemas señalados”, tal como indicó el presidente. Sin ellos, los diálogos con sectores de interés, que están más avanzados, podrían derivar en una acción corporativista del Estado, en extremo peligrosa para el bienestar general.

La tarea, ahora, es emprender un proceso bien articulado de negociación entre el Ejecutivo, la Asamblea y los partidos representados en ella, con visión de largo plazo. Solo así será posible acordar proyectos específicos y, sobre todo, actuar sobre la mayor disfuncionalidad que hoy presenta nuestro sistema de gobierno: un marco institucional que no hemos podido adaptar a las nuevas condiciones del país y del mundo, y que, por tanto, limita nuestro desarrollo. Por sus complejidades, rigideces, controles inútiles e incentivos a no asumir responsabilidades ni ejercer la autoridad, la estructura y los procesos de nuestro Estado no solo fomentan la corrupción de unos pocos; también entraban las posibilidades de avance para todos y neutralizan la capacidad de los líderes políticos para generar resultados.

La manera en que el presidente Solís se propone comenzar este delicado proceso de diálogo es, en sus palabras, invitando “a los jefes de fracción y a los comités ejecutivos de dichos partidos para que, en el marco de las efemérides patrias del mes de setiembre, nos reunamos en la Casa Presidencial”. La organización de “este encuentro” (en singular) estará a cargo del ministro de la Presidencia.

No hará daño a nadie una reunión tan numerosa, que difícilmente pasará de ser un acto conmemorativo, con impacto mediático y ribetes patrióticos. Sin embargo, tanto el presidente como sus interlocutores deben estar conscientes de que el diálogo y la negociación, para que puedan conducir a acuerdos relevantes, no se pueden limitar a un solo “encuentro”. Se requiere un detallado proceso que, sobre la base de una lectura realista, profunda y precisa de la realidad, logre avanzar, con método y agilidad, en aspectos como la fijación de prioridades compartidas, su incorporación a un temario negociador, la traslación de los acuerdos preliminares en una agenda legislativa, la fijación de plazos, la identificación de procesos para cumplirlos, y el seguimiento y rendición de cuentas. Nunca será posible el consenso, pero, con trabajo intenso por parte de todos, sí será posible articular mayorías funcionales.

Como base para este proceso, el presidente y su equipo deberían dedicar particular atención a la adecuada lectura de la realidad. Si, tal como reflejó su mensaje de los cien días, se parte de juicios tan generales como que hemos vivido “en una democracia secuestrada por una clase política inescrupulosa, muchas veces deshonesta y casi siempre ineficiente, cuyos vicios y abusos prácticamente han hecho colapsar el Estado”. Si se utilizan hipérboles tan desmesuradas e inexactas como decir que “Costa Rica es hoy un país con niveles de exclusión que recuerdan lo que sucedía en la primera mitad del siglo XX” (cuando ni siquiera existía la Caja de Seguro Social). Y, si se concluye que el principal problema es la corrupción de los funcionarios y los políticos, lo cual implica dejar por fuera infinidad de elementos estructurales clave, será muy difícil avanzar en el resto.

En cuanto al temario básico, creemos que la solución a muchos de los problemas no consiste en sumar más controles y rigideces a los que ya existen, como sugirió el presidente, sino hacerlos más simples, acotados y estratégicos. También debe valorarse si se debería fomentar aún más la “judicialización” de las decisiones políticas y administrativas o, más bien, respetar y activar los ámbitos jurisdiccionales específicos de cada poder del Estado.

Estos son aspectos que deben discutirse con la “serenidad, mesura en la crítica, (y) generosidad en el aporte” que reclamó el presidente. La iniciativa debe venir de su parte y permear en todos los interlocutores. Si tales son la visión y el método, será entonces mucho más posible construir una agenda legislativa realista y que incida en el bien común.

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