EscucharLa Alianza del Pacífico no ha puesto nuevas condiciones al ingreso de Costa Rica. El presidente de la República lo dejó claro en Chile, durante la reunión del bloque comercial conformado por México, Perú, Colombia y el país anfitrión. La condición la impone nuestro gobierno por razones “internas”, según se desprende de las mismas declaraciones.
Sin la aprobación de su paquete de impuestos, la administración del mandatario, Luis Guillermo Solís, no considera factible la incorporación del país a la Alianza. No hay otro obstáculo, salvo la oposición de algunos sectores preocupados por la competencia. El gobierno no les da en definitiva la razón, porque eso implicaría descartar la participación en el bloque comercial a contrapelo de la política aperturista ensayada desde hace años, pero tampoco da pasos en camino a la integración.
Si Costa Rica mantiene la puerta abierta, se entendería que la Alianza le interesa aunque debilite el proteccionismo disfrutado por los sectores opuestos a la pertenencia en el bloque comercial. Si, por el contrario, las reticencias se deben al deseo de mantener las barreras comerciales, lo correcto sería decirlo.
La relación establecida entre la aprobación del plan fiscal y la membrecía en la Alianza es una forma de estacionarse en el limbo, sin necesidad de decidir. Una vez aprobados los impuestos, la obligación de decidir no será más imperiosa. No hay compromiso de acelerar el ingreso. El gobierno siempre ha hablado de nuestra participación como una eventualidad y nunca la ha garantizado como consecuencia necesaria de la aprobación de sus iniciativas fiscales. Solo ha dicho que sin ellas no hay posibilidad de Alianza.
Es difícil entender la relación entre el ingreso a la Alianza y los nuevos impuestos. La administración la explica, vagamente, como la necesidad de contar con nuevos recursos para incrementar la competitividad antes de entrar al bloque comercial, pero no dice cuáles son las inversiones requeridas ni cuánto van a costar.
¿Qué porcentaje de los nuevos recursos se destinarán a mejorar la competitividad en el marco de un presupuesto tan estrecho? Los recursos del plan fiscal son importantes, pero no alcanzan para resolver todos los problemas de un país con déficit creciente y un cúmulo de necesidades por enfrentar.
¿Son los nuevos ingresos para financiar la competitividad de sectores temerosos de la competencia o se utilizarán para conseguir el equilibrio fiscal? ¿Tendrá la competitividad prioridad sobre los demás gastos que el gobierno ha dicho tener en agenda? Esas preguntas despiertan nuevas dudas sobre el destino previsto para los ingresos de la reforma tributaria y es indispensable aclararlas de previo.
La competitividad está relacionada con el desarrollo de infraestructura, pero las obligaciones del presupuesto dejan muy poco margen para esos fines. ¿En cuánto aumentará el ínfimo porcentaje del plan de gastos destinado a la infraestructura? Siguiendo el razonamiento del gobierno, se impone preguntar si será suficiente para proclamar nuestra competitividad y acelerar el ingreso a la Alianza. Los números no permiten prever tan feliz desenlace y mucho menos predecir un plazo.
El ingreso al bloque comercial no parece cercano ni se advierte voluntad de la administración para llevar al país por ese camino. El condicionamiento de la incorporación a la aprobación del plan fiscal lo indica con toda claridad y más parece una excusa. Así será mientras la administración no divulgue su plan de inversiones y se comprometa al ingreso a la Alianza una vez satisfechas las condiciones. Si existe, el nuevo plan de competitividad y los egresos necesarios para ejecutarlo se convertirán en renovadas dudas sobre el plan fiscal y su utilidad para conseguir el equilibrio de las finanzas públicas.
