EscucharLuis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, ofrece completar las obras de la trocha fronteriza. Readjudicará los contratos e impulsará la elaboración de los planos y diseños definitivos. “Hay que hacer lo necesario para que este proyecto se termine y se termine bien”, afirmó ante un grupo de vecinos de Los Chiles.
El compromiso es notable por, al menos, tres razones. En primer lugar, demuestra voluntad de valorar las iniciativas de la actual Administración, con realismo y sentido práctico, para dar continuidad a los programas que la merezcan. Tratándose de la trocha, esa manifestación de voluntad reviste especial importancia, dada la cantidad y diversidad de críticas suscitadas por el proyecto.
La calidad de los trabajos ejecutados, el impacto ambiental y los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público han hecho de la Ruta 1856, como la bautizó la actual Administración, un tema sensible del debate político nacional, pese a la necesidad de desarrollar infraestructura vial en la zona.
En segundo lugar, la promesa de Solís implica el reconocimiento del valor de la obra para el desarrollo económico de la zona norte, un aspecto medular, aunque pocas veces discutido. Adelantándose a la apertura del camino, empresarios de la zona, casi todos pequeños y medianos, invirtieron en la construcción de cabinas y restaurantes, esperanzados en atraer turistas para compartir con ellos la belleza natural de la región fronteriza. Se trata de un área económicamente deprimida y, durante demasiado tiempo, prácticamente olvidada.
Los pobladores también esperan atraer inversión de otras partes del país y quizá del extranjero, pero saben de las limitaciones impuestas por la falta de infraestructura vial. “Mientras no tengamos una carretera transitable todo el año, difícilmente habrá empresarios dispuestos a invertir aquí, donde la mayoría de la gente vive en la pobreza”, declaró a La Nación Alberto Cruz, ganadero de Las Delicias de Los Chiles.
El tercer aspecto a destacar brota de las implicaciones de la obra para la política exterior costarricense, uno de cuyos principales retos son las relaciones con Nicaragua. La trocha es una reafirmación de la soberanía costarricense en la región y facilitará las labores de vigilancia, sin necesidad de transitar por el río San Juan, sobre cuyas aguas Nicaragua ejerce soberanía, en ocasiones con exceso y en menoscabo del derecho costarricense a la libre navegación.
Solís promete enmendar el descontrol a cuyo amparo ocurrieron las irregularidades. La Fiscalía indaga el destino de unos ¢20.000 millones invertidos en la construcción. En el expediente figuran nombres de funcionarios y contratistas involucrados en el mal manejo de los fondos. La presidenta de la República y su ministro de Obras Públicas y Transportes admitieron la pobre fiscalización, la primera cuando dio a conocer los hechos y el segundo cuando renunció al cargo y asumió la responsabilidad política por lo sucedido.
A pesar de todo, la obra debe continuar hasta llegar a feliz término. Su valor como tema del debate político pasará a segundo plano con el cambio de gobierno y solo resta preguntarse por la utilidad del proyecto. Solís adelantó en Los Chiles la respuesta correcta.
En el plano jurídico, el terreno está despejado desde diciembre, cuando los 16 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, denegaron la petición de medidas cautelares hecha por el Gobierno nicaragüense y permitieron la continuación de las obras.
En el terreno, mucho de lo hecho se podrá aprovechar. Algunas obras son prácticamente inservibles, pero otras pueden ser habilitadas con las reparaciones del caso. Por ese motivo, entre otros, el emprendimiento es urgente. El clima profundizará los daños, si el camino permanece en el abandono. Para evitar daños mayores, la obra debe ser considerada entre las prioridades de la nueva Administración.
