Los esfuerzos desplegados desde hace 15 años, cuando se aprobó la ley de simplificación, han resultado insuficientes

 13 enero

Carlos Mora, viceministro de Economía, encuentra similitud entre la pretensión de arrear una manada de gatos y la labor de convencer a las instituciones de simplificar sus trámites. La salida humorística apenas causa risa en boca del director del departamento encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites en la Administración.

Publicada el 11 de marzo del 2002, la ley probó ser insuficiente, en casi 15 años, para lograr el respeto merecido por la ciudadanía cuando enfrenta a la burocracia. Ningún ciudadano lo ignora. Pese a notables avances en diversas áreas, sobran todavía instituciones donde la inútil copia adicional o el requisito desconocido antes de llegar a la ventanilla ponen a prueba la paciencia.

Si la ley resultó insuficiente, lo mismo puede decirse de los esfuerzos desplegados por cuatro gobiernos. Mora no es el primer viceministro encargado de agilizar trámites ni la actual administración es la primera en incluir el tema entre sus prioridades. Todas han comprendido la importancia del problema para la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos.

En el 2014, el presidente, Luis Guillermo Solís, anunció la decisión de encabezar una iniciativa más. Una directriz de su despacho exigió a 65 instituciones escoger tres trámites cada una y nombrar un encargado de simplificarlos. Luego de consultados los trámites con la sociedad civil y puestas las manos a la obra, el Ministerio de Economía recibiría informes periódicos y supervisaría el avance, bajo vigilancia directa del mandatario.

Pero el viceministro Mora, como sus antecesores, no tardó en entender las razones de tantos obstáculos, tan persistentes frente a la ley y la buena voluntad de los gobernantes. Los gobiernos cambian, pero la burocracia permanece y protege, de administración en administración, sus cotos de poder.

Mora observa, con acierto, el limitado efecto de idear simplificaciones si los nuevos procedimientos no llegan hasta la ventanilla de atención al público, sea por falta de voluntad de los funcionarios, por su temor a perder relevancia o, es necesario añadirlo, porque los requisitos crean oportunidades para la corrupción.

Según Mora, la buena voluntad de un jerarca puede estrellarse contra el boicot de sus subalternos porque “cuando un trabajador lleva 20 años haciendo lo mismo y le cambian el proceso, puede sentir una pérdida de poder”. Por eso la simplificación de trámites es un esfuerzo complejo, dependiente de cambios culturales, institucionales y sociales.

Montserrat Solano, defensora de los habitantes, señala la existencia de una “realidad burocrática” muy distinta de la realidad del ciudadano. Los funcionarios no hacen un favor a los usuarios cuando los atienden –dice Solano– porque la tarea del Estado es garantizar los derechos de la ciudadanía.

El problema, como puede atestiguarlo cualquier ciudadano, es que la “realidad burocrática” se impone y la defensa del derecho puede resultar onerosa en tiempo, salud y dinero. Todos nos hemos encontrado, impotentes, frente a una ventanilla, intentando sonreír para ver si se hace el milagro cuando en realidad desearíamos ventilar algún otro pensamiento.

La voluntad de simplificar trámites no se va a trasladar por sí sola a las ventanillas de atención al público. Quince años de historia lo han demostrado. Hay avances de importancia, pero falta mucho por hacer y seguirá faltando mientras las evaluaciones de desempeño ejecutadas para repartir incentivos solo encuentren ocho empleados “deficientes” entre los 33.558 integrantes del régimen de Servicio Civil.