EscucharCuando el primer régimen de pensiones público fue adoptado, a finales del siglo diecinueve en la Alemania de Bismarck, la esperanza de vida al nacer era relativamente baja, no solo en ese país sino en todo el mundo, por lo que resultó sencillo prometer generosos beneficios a quienes sobrepasaran 65 años. Algo similar ocurrió en Costa Rica cuando se creó el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, cambios en las circunstancias, en particular los de naturaleza demográfica, con una población más longeva que la de los años cuarenta, obligan a la CCSS a hacer una revisión profunda del régimen de IVM para adoptar los ajustes necesarios a efectos de asegurar su solvencia financiera y la prestación de beneficios básicos a la población meta, sin recurrir a aportes extraordinarios del Estado y sin llevar las contribuciones obrero-patronales a niveles prohibitivos.
Para facilitar la revisión, las autoridades contrataron expertos externos encargados de hacer estudios de naturaleza actuarial. Aunque, en principio, esos estudios (que entre otras cosas hacen uso de un instrumental matemático avanzado) deberían llevar a conclusiones únicas, ese no es necesariamente el caso. Diversos estudios pueden llegar a conclusiones diferentes por errores de cálculo o, más probablemente, porque difieren los modelos y sus supuestos sobre el comportamiento esperado de variables clave como el tamaño y composición de la fuerza laboral, niveles salariales, esperanza de vida de hombres y mujeres a partir de los 65 o 70 años y tasas de interés a las que pueden ser colocadas las inversiones temporales del régimen, entre otros factores.
Para llegar a conclusiones confiables es necesario, primero, verificar que sean pertinentes los modelos conductuales utilizados, así como los supuestos. No es lo mismo suponer un esquema de reparto, en que los trabajadores activos pagan con sus contribuciones del periodo los beneficios recibidos por los pensionados, que uno de reserva, en el cual los beneficios de cada pensionado están en correspondencia directa con sus contribuciones durante la vida laboral activa. También cuentan el mínimo de cuotas y la edad para pensionarse, la esperanza de vida al pensionarse, el grado de solidaridad (subsidios de rico a pobre) que opere en el régimen y los límites (piso y techo) que tengan las pensiones, entre otros. No se trata de una materia sencilla.
El trabajo de la mesa de diálogo creada por la CCSS para analizar el tema tampoco es fácil, menos aún cuando los estudios técnicos sobre la salud financiera del IVM arrojan resultados muy distantes entre sí. El último episodio de divergencias surge del estudio realizado por un equipo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y las conclusiones de otro equipo de analistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las diferencias agregan complejidad al trabajo de la mesa de diálogo y aumentan la incertidumbre sobre la naturaleza de las reformas necesarias.
Urge despejar la confusión. En consecuencia, los miembros de la mesa de diálogo deben pedir a los autores de los estudios actuariales de la UCR, OIT y otros que hagan explícitos los modelos analíticos y todos los supuestos utilizados. La mesa de diálogo podrá, entonces, manifestarse sobre la bondad de esos modelos, la pertinencia o grado de realismo de los supuestos y la calidad de los datos utilizados para formular proyecciones. Por su parte, los actuarios externos deben explicar esos elementos no solo a sus pares, sino a personas ajenas a su disciplina, como son muchos miembros de la mesa de diálogo, que deben asegurarse de entender las explicaciones. Si para lograrlo requieren del apoyo de especialistas de su confianza, que así sea. Ese ejercicio arrojará las bases de trabajo para el grupo de diálogo.
Finalmente, los autores del estudio seleccionado deben presentar al menos cuatro escenarios posibles: el primero es lo que se puede esperar del IVM si no se hace nada. Eso pronto llevaría a la quiebra del régimen. El segundo es sobre el monto de las pensiones que recibirán los beneficiarios si se adoptara una reforma radical (por ejemplo, elevar significativamente el número de cuotas y la edad mínima para pensionarse a 70 años, subir las cuotas de afiliación y utilizar como base de cálculo el valor futuro de todos los aportes del trabajador). El tercer y cuarto escenario consistiría en situaciones intermedias, financieramente sustentables.
Sobre estos escenarios –más probablemente sobre los dos intermedios– se podría pronunciar la mesa de diálogo para recomendar, a las autoridades y al país, el mejor curso de acción en esta importante reforma del sistema de seguridad social de Costa Rica.
