EscucharHace cinco años, el terremoto de Cinchona trajo como consecuencia la muerte de 23 personas y otras siete desaparecidas, más de ¢280.000 millones en pérdidas y la afectación indirecta de 125.000 pobladores. Son muchas las lecciones que el país debe aprender de esta experiencia dolorosa. Aunque la magnitud de una emergencia que impactó el 90% de la infraestructura local no puede reducirse a la cuantificación de los daños, estos señalan la complejidad de las tareas de reconstrucción, reasentamiento e integración social de las comunidades afectadas.
La conclusión más evidente es que, con la tramitomanía actual, Costa Rica no está preparada para atender de forma expedita, coordinada y eficiente las emergencias naturales. Si bien la construcción de Nueva Cinchona, que beneficia a 91 familias, debe considerarse un proyecto modélico, los pendientes son considerables en otras áreas. Los logros, que son indudables, no pueden justificar la situación de 24 núcleos familiares en San Rafael de Vara Blanca, que habitan casas provisionales edificadas para durar un año y que, un lustro después, se han convertido en precarios.
En el “Informe de Labores 2012-2013”, la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, advirtió: “Todos los desastres naturales de los uìltimos cuatro anÞos evidencian que somos un paiìs vulnerable (…) y que se requiere de modificaciones puntuales en el tema. La Defensoriìa ha insistido ante las autoridades (…) sobre la necesidad de crear un apartado especial de atencioìn de emergencias, en donde se aceleren los procesos y se atienda a las personas afectadas de manera prioritaria. La normativa ordinaria no contempla de forma integral situaciones como las que se han tenido que atender, sea personas con beneficios otorgados con anterioridad o bien habitantes que no son propietarios de sus terrenos o personas solas”.
Según la institución, uno de los principales desafíos que enfrentó el Estado en Cinchona fue la ausencia de un protocolo de atención de urgencias en vivienda y de mecanismos de coordinación institucional. La intervención oficial involucró a numerosas entidades que debieron ponerse de acuerdo sobre la marcha, como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Gobierno Central, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y las municipalidades.
Sin embargo, la maraña burocrática permitió identificar nudos críticos que entrabaron las soluciones a corto plazo y mermaron la capacidad de reacción gubernamental. Uno de los más importantes es que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) no cuenta con un régimen especial que permita la respuesta inmediata a casos como el de Cinchona.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y la Cámara de la Construcción han planteado la necesidad de una reforma integral del Banhvi y de la ley del SFNV de 1986, de modo que se modernice el sistema y se le dote de mecanismos ágiles que puedan responder, con eficiencia y transparencia, a las demandas sociales en situaciones de emergencia.
El ministro de Vivienda, Guido Monge, admitió el año pasado que “hay una gran cantidad de trámites en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad, Acueductos y Alcantarillados, que hay que ir cumpliendo poco a poco, y, la verdad, no ha sido fácil solucionar esos problemas”.
Aunque Costa Rica sea el país con más bajo déficit habitacional en Latinoamérica, lo cual debe enorgullecernos, la construcción de vivienda social sigue siendo un desafío permanente y debe intentar conciliar el costo de los terrenos, a menudo sujetos a la especulación inmobiliaria, con las exigencias legales, constructivas y ambientales.
Una vez más, el terremoto de Cinchona desnudó la indiferencia que existe en el país en torno al ordenamiento territorial y a la aplicación de una política habitacional de prevención en zonas de riesgo. En las regiones más afectadas se encontró que las viviendas y la infraestructura vial fueron levantadas en lugares de fuerte pendiente. Esta característica, sumada a la deforestación y a la inestabilidad de los suelos, provocó deslizamientos y contribuyó a empeorar los efectos del movimiento telúrico. También se hallaron edificaciones con problemas estructurales o sin supervisión profesional y violaciones al Código Sísmico.
Para el 2014, el Gobierno promete que las familias de Nueva Cinchona recibirán, por fin, sus títulos de propiedad y se entregarán otros proyectos en marcha, como Renacer, en Vara Blanca. Confiamos en que las personas damnificadas no tengan que esperar otro año, otro gobierno y otras promesas para ver cumplidas sus legítimas aspiraciones de tener una casa digna.
