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EDITORIAL

Como el cangrejo

Actualizado el 08 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

La Administración Solís no debería perder de vista que, en la discusión del sistema nacional de compras públicas, el Ministerio de Hacienda es juezy parte

A diferencia de CompraRed, Mer-Link es un proceso electrónico, sin papel, que permite la consulta pública, de forma digital, de la totalidad de los documentos

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Solo la lógica burocrática o ignotos intereses particulares pueden explicar la renuencia de la Administración Solís a utilizar la plataforma Mer-Link como soporte del sistema nacional de compras públicas. Este caso es un buen ejemplo de cómo el país malgasta años, esfuerzo y recursos sin tomar decisiones urgentes que deberían ser estrictamente técnicas y que terminan politizándose.

Ahora parece que estamos frente a un nuevo capítulo en una discusión que ya parecía zanjada hace casi dos años, entre CompraRed, defendida a capa y espada por funcionarios del Ministerio de Hacienda, y Mer-Link, operada por Gobierno Digital, aun cuando esta última cuenta con el aval de numerosos estudios especializados. No hay ni una sola evaluación técnica, local o internacional, que recomiende que el país deba continuar con la primera plataforma.

Atendiendo a este criterio, la Administración Chinchilla decretó en setiembre del 2013 que se unificara el mercado electrónico de compras públicas y que Mer-Link absorbiera CompraRed. La Contraloría General de la República también solicitó automatizar la contratación administrativa por medio de una plataforma tecnológica única “que integre todas sus necesidades”.

Empero, la Administración Solís decidió “no decidir” antes del 2015 y, como si no tuviera suficientes elementos de juicio a su disposición luego de un proceso analítico de más de cinco años, nombró una comisión entre la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para escoger entre uno y otro sistema.

En el mejor de los casos, después de 13 años en operación, lo que podría decirse a favor de CompraRed es que ya cumplió con su función. La resistencia al cambio de unos funcionarios de Hacienda y su capacidad de influir en la política nacional no pueden hacer que Costa Rica se atrase en un tema clave para la competitividad del país.

Aunque el actual titular de la cartera, Helio Fallas, niega presiones de sus subalternos, el exministro Edgar Ayales fue claro al afirmar que “el papel de los mandos medios fue siempre de obstaculizar la fusión de los sistemas y el peso que tuvieron fue mucho, especialmente cuando se hizo evidente que habría un cambio de administración”.

Según el Banco Mundial, una plataforma integrada promueve la competencia entre los posibles proveedores, lo cual significa un ahorro que puede alcanzar un rango de entre 12,6% y 17,6%. Otros expertos hablan de hasta un 20% de economía. No hay que olvidar que hasta el 2007, según un estudio del Incae, “la complejidad del sistema (de contratación) y lo oneroso que resulta para los oferentes potenciales” hacía que el 40% de las compras del Estado costarricense se concentrara en un grupo de 20 empresas.

Desde entonces, el país ha hecho ingentes esfuerzos por asegurar la equidad y la transparencia en los concursos administrativos. A diferencia de CompraRed, Mer-Link es un proceso electrónico, sin papel, que permite la consulta pública, de forma digital, de la totalidad de los documentos. Por lo tanto, el sistema está abierto a la regulación de los mismos oferentes, ciudadanos e instituciones contraloras.

Un análisis comparativo de ambas plataformas, realizado el año pasado por el experto Roberto Sasso, concluye de forma exhaustiva que Mer-Link “simplifica, estandariza e integra procesos: ‘compras más rápidas, a menor costo, con menor precio y con mayor impacto’”.

La Administración Solís no debería perder de vista que, en esta discusión, el Ministerio de Hacienda es juez y parte, y que los criterios sobre los cuales se fundamente un sistema nacional de compras públicas no puede ser la defensa de intereses burocráticos, por encima de los intereses nacionales.

El principal reparo que se le hace a Mer-Link, su costo operativo, que es mínimo en relación con los ahorros programados y su desarrollo tecnológico, oculta los costos reales en que incurre Hacienda al sostener CompraRed y su sistema ineficiente. Así, Costa Rica, una vez más, sigue negándose al cambio y a disfrutar de los beneficios que podría reportarle una plataforma tecnológica robusta y actualizada.

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