La nueva metodología del Banco Central es una herramienta útil para analizar cuánto crece el PIB en realidad y otros complejos temas económicos y sociales

 15 febrero, 2016

El nuevo manual del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central, publicado recientemente, permite conocer más a fondo la realidad de los sectores productivos del país, palpar los cambios estructurales que están ocurriendo y analizar las políticas económicas necesarias para enfrentar los retos actuales y por venir. De momento, tenemos algunas observaciones preliminares.

Lo más notable es que la producción del país ha cambiado. Pasamos de ser una economía esencialmente agrícola a otra basada principalmente en servicios y con mayor participación de otros sectores productivos. El cambio ya se empezaba a notar en la segunda mitad del siglo anterior: la actividad agropecuaria representaba casi una cuarta parte del PIB (23%), la industria un 17%, el comercio un 23% y los servicios solamente un 10%. En el 2012, la estructura productiva había cambiado notablemente: el sector agropecuario descendió a solo un 6%, la industria manufacturera cayó al 15% (después de representar un 23% en 1991), el comercio bajó a un 10% y los servicios se dispararon para representar un 40% del total. No es exagerado decir que nos enrumbamos hacia una economía liderada por los servicios.

Eso tiene implicaciones importantes de aceptación y planificación. Aceptación, por cuanto muchos de los cambios estructurales se producen espontáneamente por la evolución de las fuerzas de oferta y demanda, siempre cambiantes, y la participación de la iniciativa particular, caracterizada por la búsqueda incesante de oportunidades de inversión y rentabilidad. Desde este punto de vista, mal hacen los políticos en aferrarse a la quimera de una economía rural, como la de nuestros bisabuelos, sobre todo cuando se empeñan en protegerla a contrapelo de la nueva economía, mucho más pujante, con un costo importante para el consumidor. Un buen ejemplo son las políticas proteccionistas de ciertos sectores agrícolas, como el arroz y otros granos básicos, aún en boga en el MEIC y en el MAG.

Otras políticas públicas también deben nutrirse de la nueva matriz de insumo, producto del Banco Central. La educación es una de ellas. La queja fundamental del sector empresarial es que escasea la mano de obra calificada mientras que abunda la menos calificada y el desempleo general excede el 9% de la fuerza laboral. Eso exige un cambio de políticas fundamentales en el contenido de los currículos educativos –algunos de los cuales ya se están dando– y enfatizar el aprendizaje práctico en las empresas y el INA, y la reorientación de carreras universitarias de corta duración, entre otras.

También es importante ser más cuidadoso en las políticas de inmigración, pues la entrada irrestricta de extranjeros con habilidades poco calificadas contribuye menos a satisfacer la demanda laboral de la nueva economía y podría intensificar el desempleo. La política fiscal debe reconocer el cambio en las estructuras productivas. El sector más dinámico son los servicios y, sin embargo, están exentos de gravámenes sobre ventas, como otros sectores tradicionales. El sector debería incluirse en la base imponible del eventual impuesto al valor agregado (IVA) como hemos sugerido en varias oportunidades, en el contexto de una reforma fiscal integral.

Los aportes relativos al PIB y sus remuneraciones también llaman la atención y deben ser objeto de reflexión. Por el lado de los aportes a la producción, conocidos en la jerga especializada como el valor agregado, resalta la escasa contribución del Gobierno (incluye los tres poderes del Estado) que contrasta conspicuamente con las amplias remuneraciones de ese sector. Con cifras del 2012, el Gobierno en general contribuyó únicamente con un 16% a la formación del PIB; en cambio, las remuneraciones que pagó a sus servidores representan un goloso 30,2%; es decir, casi el doble.

Esta disparidad indica la poca eficiencia productiva del Gobierno en la utilización de los recursos, la exagerada remuneración a sus servidores en relación con el aporte realizado, o una combinación de ambas. También es posible que su reducida aportación al PIB esté influida por problemas metodológicos de la medición, en especial por el hecho de no valorar sus servicios a precio de mercado. Pero la diferencia es tan grande que amerita revisar a fondo los efectos del gasto y la racionalidad de las remuneraciones. Eso siempre se ha sabido; lo nuevo son las cifras que lo ratifican.

En los aportes a la producción de otros sectores y extracción del ingreso en forma de remuneraciones también hay disparidades relevantes. La más notoria es la de las familias costarricenses que aportan casi un 21% a la producción nacional (también con cifras al 2012), pero reciben apenas un 8% del total. Con independencia de si las remuneraciones son brutas o netas de impuestos y ayudas sociales en efectivo o en especie, lo cierto es que las familias costarricenses, junto con las empresas, efectúan aportes considerables a la conformación del PIB (73,4% del total), pero reciben relativamente menos (58%). Eso contribuye a la mala distribución del ingreso. El gran reto para nuestra sociedad es cómo lograr ser más igualitaria.

Varios factores inciden en la distribución desigual del ingreso. El cambio en la estructura productiva es uno de ellos. La producción se modernizó, pero la fuerza laboral permaneció un tanto rezagada. Influyó, en parte, el proteccionismo laboral que garantiza la estabilidad independientemente del esfuerzo individual, estudio y superación; el desfase en la educación pública frente a las nuevas necesidades productivas; la insuficiente competencia productiva que aún persiste; y la deficiente estructura tributaria que grava proporcionalmente menos a los sectores más dinámicos frente a los punteros de la producción.

Para algunos, el incumplimiento del pago de salarios mínimos es causa fundamental de la mala distribución, al igual que los bajos niveles salariales. Recomiendan mayor fiscalización –lo cual se justifica– e incrementar las remuneraciones en términos reales independientemente de mejorías en la productividad y mayores fuentes de empleo. Pero esa es un arma de doble filo. Las cargas sociales ya son altas y, junto con salarios reales crecientes desligados de la productividad y el crecimiento de la producción, sobre todo en el sector público, podrían generar desempleo privado e informalidad, y deteriorar más la distribución.

En todo caso, la nueva metodología del Banco Central, basada en un promedio móvil a actualizarse año con año, es una herramienta útil para analizar cuánto crece el PIB realmente y otros complejos temas económicos y sociales.