Existe una creciente inquietud entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos por los candidatos a la judicatura continental

 11 junio, 2015

La 45.ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará el 15 y 16 de este mes en Washington, decidirá el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la autoridad moral de sus instituciones y las garantías ofrecidas a los ciudadanos del continente.

La cita es crucial porque los diplomáticos de América elegirán a cuatro integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a cuatro jueces de la Corte continental. Seis candidatos se disputan los cuatro puestos que deben ser renovados en la primera institución y solo hay cinco para las cuatro plazas de la segunda.

Costa Rica se distingue por la nominación de Elizabeth Odio Benito a una plaza en la Corte. Profesora universitaria, dos veces ministra de Justicia, exvicepresidenta de la República, exjueza en la Corte Penal Internacional y exjueza en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, nuestra candidata tiene de sobra demostrada la formación e independencia de criterio indispensables para desempeñar el alto cargo.

Chile postula a Eduardo Vio Grossi, quien ya se desempeña como juez en la Corte Interamericana, donde ha demostrado compromiso con la defensa de los derechos humanos y la independencia de la judicatura. El candidato chileno posee un extenso currículo de servicio en organismos internacionales.

No obstante los méritos de estos dos candidatos, existe una creciente inquietud entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos por las otras tres postulaciones, dos de las cuales, cuando menos, están a punto del éxito.

Uruguay, Argentina y Ecuador plantean aspirantes cuyo historial suscita dudas en varios ámbitos, pero muy especialmente en materia de libertad de expresión. El gobierno argentino de Cristina Kirchner impulsa a Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema y respetado tratadista del derecho penal.

El jurista tuvo fuertes encontronazos con la prensa de su país cuando se supo que varios apartamentos de su propiedad eran destinados por los inquilinos a la prostitución. Su cercanía con el gobierno y su anuencia a participar en un homenaje rendido al presidente ecuatoriano Rafael Correa por su “defensa” de la libertad de expresión le han valido fuertes críticas.

Los demás jueces invitados al homenaje por las autoridades argentinas no se hicieron presentes. Correa está entre los principales líderes del asalto contra la libertad de expresión en el continente y en varias oportunidades ha intentado disminuir el papel del Sistema Interamericano, en particular el de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En esta oportunidad parece a punto de tener éxito porque su país postula a Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional que ha dado su bendición a las iniciativas gubernamentales para menoscabar la libertad de expresión en Ecuador.

Pazmiño es reconocido por la comunión de sus fallos con las pretensiones gubernamentales y ha representado al gobierno ecuatoriano en foros internacionales donde debió defenderse de acusaciones por violación de los derechos humanos.

El mandatario ecuatoriano, tradicionalmente enfrentado con los organismos del Sistema Interamericano, acaba de contribuir a las finanzas de la Corte con $1 millón y anunció que “está todo preparado para tener nuestro propio sistema latinoamericano de derechos humanos”.

El candidato Uruguayo, Alberto Pérez Pérez, es juez de la Corte Interamericana e intenta la reelección. Se le achaca una actitud condescendiente con los países del ALBA, donde las garantías para el ejercicio de los derechos humanos se han venido debilitando y su voto en el caso Memoli contra Argentina se aleja de la jurisprudencia que la Corte venía desarrollando a favor de la libertad de expresión.

En todos los casos, hasta el de Mémoli, la condena penal por delitos de injurias y calumnias había sido considerada una violación a la libertad de expresión, pero por votación de cuatro a tres esa línea jurisprudencial fue revertida.

Los imputados en el caso Mémoli denunciaron que un cementerio municipal argentino entregó en arrendamiento a una sociedad mutual los nichos del camposanto, que son bienes públicos. No obstante, la sociedad vendió varios nichos a terceros. Los imputados utilizaron expresiones fuertes contra los directores de la sociedad y fueron condenados a prisión por injuria y calumnia.

El juez costarricense Manuel Ventura Robles quedó en minoría junto a Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Eduardo Vio Grossi, candidato chileno a la reelección, en un fallo que Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión, calificó como “un retroceso y una llamada de alerta”, aunque se manifestó optimista de que el giro de la Corte no estuviera aun consolidado.

“Está en manos de la Corte rectificar el rumbo y recuperar la legitimidad como un ejemplo universal de un tribunal que otorga una genuina protección a la libertad de expresión, tan necesaria hoy en día en nuestra región”, comentó Bertoni.

Esa esperanza, desafortunadamente, podría resultar infundada si los países del ALBA consiguen una conformación de la alta instancia judicial favorable a sus intereses, con jueces que se unan a los que conformaron la mayoría en el caso Mémoli.

Por lo pronto, reiteradas solicitudes de organizaciones de la sociedad civil para celebrar un foro con los candidatos a la judicatura no han prosperado debido a la oposición de Estados que presentaron candidatos. La falta de transparencia acrecienta los temores. Solo queda la esperanza de que las naciones identificadas con los valores democráticos hagan cuanto esté a su alcance para impedir el descarrilamiento del Sistema Interamericano.