EscucharEl lunes antepasado, en horas de la tarde, los integrantes de la alianza opositora esperaban la designación de su candidato a la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. La decisión, de conformidad con la rigurosa repartición de puestos acordada hace un año, correspondía al Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE). No habría preguntas porque, en defensa del mal pensado acuerdo, todos, salvo un puñado de legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), habían declarado el propósito de votar con absoluto apego a los compromisos adquiridos.
Hace un año, todos concurrieron para otorgarle al PASE la segunda secretaría y la segunda prosecretaría. Pasados doce meses de vida en asocio, al PASE le tocaba la vicepresidencia. Nadie lo cuestionó jamás. Si hubo debate en la alianza, fue por la candidatura del libertario Danilo Cubero, rechazada por los rebeldes del PAC. Cubero depuso sus aspiraciones, y todo quedó listo para votar según el acuerdo del 2011.
El martes, el país se desayunó la noticia del acuerdo alcanzado entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el PASE para tomar control del Congreso. Para el viernes, los aliados ya habían descubierto supuestos nexos del PASE con el narcotráfico. En tres días consiguieron lo que no habían logrado en dos años. Todavía el lunes en la tarde, el PASE era para la alianza una fuerza política intachable, como al parecer son los libertarios y la Unidad Socialcristiana (PUSC).
Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa gracias a los votos del PASE, exigió a la mandataria Laura Chinchilla explicar por qué pactó con un grupo tan cuestionable. No se siente obligado a explicar por qué lo hizo él ni se disculpa por ocupar la presidencia con apoyo tan objetable. Es, al parecer, fervoroso creyente en las credenciales éticas del PUSC y el Movimiento Libertario, pero dejó de confiar en el PASE cuando los legisladores de la oposición encontraron en sus curules “documentos anónimos y recortes de prensa”.
A don Juan Carlos no le sería difícil encontrar documentos oficiales –no anónimos– y recortes de prensa alusivos a otros de sus aliados, pero desde el lunes en la tarde le llaman especial atención los relacionados con el PASE, cuyo secretario general, Hugo Navas, fue acusado de ofrecer a un juez un soborno para favorecer a dos narcotraficantes.
Los mismos diputados que eligieron a Víctor Granados para presidir la comisión investigadora del financiamiento a los partidos políticos, ahora siembran dudas a cuyo tenor habría sido irresponsable conceder al PASE una posición tan destacada. Como secretario de su partido, Hugo Navas intervino en las conversaciones para conformar una coalición con miras al proceso electoral del 2014, y Juan Carlos Mendoza lo aceptó, semana tras semana, como legítimo interlocutor en el Congreso.
La súbita toma de conciencia, exclusivamente relacionada con el exaliado a cuya volubilidad la alianza debe la posibilidad de una derrota, dice mucho sobre la coalición opositora, su incongruencia y contradicciones. También resulta elocuente a la hora de medir el sentido de la responsabilidad imperante en su dirigencia. En tres días tuvieron listos lo cargos, basados en anónimos y recortes de periódicos, los lanzaron a los cuatro vientos y se eximieron de cualquier responsabilidad con solo señalar que, mientras fueron socios del PASE, no estuvieron al tanto del problema.
Para dar las explicaciones por satisfactorias sería necesario creer que la súbita aparición del cuestionamiento nada tiene que ver con el pacto entre el PASE y el partido de Gobierno. Además, se nos pide creer que la alianza, cuyos miembros han jurado votar sin más preguntas por quien los partidos asociados postulen, habría rechazado los votos del PASE tras conocer el cuestionamiento hecho a su secretario general hace 13 años. Como consecuencia, le habría rehusado la vicepresidencia concedida por el acuerdo del 2011, en cuyo caso no se entiende por qué acusan al exaliado de traidor si de cualquier forma el acuerdo se habría incumplido.
Hay, sin embargo, espacio para suponer que si el PASE no hubiera abandonado el grupo opositor, sus aliados convenientemente no se habrían enterado del problema. A juzgar por la actitud de la alianza en relación con escándalos mucho más recientes, tampoco es posible descartar una defensa del PASE si fuera otra la fuente de las acusaciones.
Políticos de uno y otro bando insisten en subestimar a los costarricenses. Luego no se explican el enojo generalizado. La alianza, integrada por partidos muy tradicionales, fingió ser una opción no tradicional.
En vísperas de este primero de mayo, su aporte a la “renovación” de la acción política queda, una vez más, en evidencia.
