EscucharSi los fiscales observan el vídeo de la agresión sufrida por un aficionado del Club Sport Cartaginés el domingo, como seguramente lo harán, no cabe duda del empeño que pondrán en lograr la más severa condena para el culpable. La brutalidad del ataque no permite tibiezas ni indiferencia. Luego de una larga serie de patadas propinadas en cuadrilla, un salvaje levanta una enorme piedra y la lanza sobre la cabeza de la víctima, postrada en el suelo.
La ciencia médica hizo el milagro de impedir la muerte del agredido. Cuando supere el peligro, todavía existirá la posibilidad de importantes secuelas a consecuencia de la fractura del cráneo. El agresor también enfrenta un castigo severo y bien merecido. Las familias de ambos sufrirán por lo ocurrido.
Tan trágico resultado es producto de una extraordinaria estupidez. No hay otra forma de explicarlo en el marco de la rivalidad deportiva. Ningún partido de fútbol da para tanto. La afición al deporte es una excusa de los delincuentes cuya diversión consiste en la pelea, más que en el fútbol. La necesidad de ponerles coto exige un esfuerzo a fondo de las autoridades policiales y judiciales, pero también de los equipos.
La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) adjudica la responsabilidad por los sucesos del domingo al Ministerio de Seguridad Pública. Cuando comenzó la gresca entre las “barras” de Cartago y Heredia, la Policía no estaba presente. Las autoridades intervinieron cuando ya la pelea había causado víctimas y, al final, detuvieron a 55 personas.
Pero la Fuerza Pública se ausentó porque no hubo acuerdo sobre el plan de seguridad propuesto por el equipo cartaginés. El Ministerio exigía 130 oficiales privados y el equipo cartaginés solo ofreció 105, al amparo del protocolo de la Federación Internacional de Fútbol Aficionado (FIFA). Pero la institución rectora del fútbol mundial no tiene autoridad más allá del deporte. El gobierno costarricense es el encargado de establecer las necesidades de seguridad en un partido de fútbol.
Además de la autoridad concedida por ley, los policías locales tienen el conocimiento de los equipos, campos deportivos, barras y otros elementos necesarios para diseñar un plan de seguridad adecuado. Ningún protocolo de la FIFA puede prever esas condiciones particulares y, ciertamente, tampoco desplaza el criterio de la policía local.
Lo extraordinario del caso es que sea posible celebrar un espectáculo masivo sin planes de seguridad aprobados por las autoridades y sin presencia de la policía. Para apoyar el desplazamiento de las responsabilidades hacia el Ministerio de Seguridad, los dirigentes deportivos citan el “imprudente” anuncio de la ausencia de las autoridades, porque con eso alertaron a los delincuentes de las condiciones idóneas para sus fechorías. Acto seguido, los mismos dirigentes declaran la intención de mantener los juegos programados, con plan de seguridad o sin él.
Julián Solano, presidente de la Unafut, señaló la inexistencia de una norma aplicable a la suspensión del juego. Quizá en eso resida el problema. Un espectáculo masivo carente de las medidas de seguridad necesarias, en criterio de las autoridades nacionales, no debe efectuarse, sobre todo cuando sobran elementos para prever disturbios, particularmente la cadena de incidentes de los últimos años.
Los clubes de fútbol, por otra parte, no pueden negar su responsabilidad en el desarrollo de las barras, aunque el fenómeno sea en la actualidad fuente de consecuencias inicialmente no queridas.
