El Gobierno no estaba preparado para enfrentar el principal problema de las finanzas públicas y, peor aún, le está dando largas

 6 abril, 2015

El costo para el Estado de los pluses y otros beneficios que se les pagan a los servidores públicos se salió de las manos. Y es dinero que aportan todos los contribuyentes.

Según un reportaje de La Nación, publicado la semana pasada, el total pagado en el 2014 excedió el monto regular de los sueldos y salarios, y va en aumento. ¿Qué se está haciendo para resolverlo? La respuesta, desafortunadamente, es poco o nada.

Según información oficial suministrada por la Contraloría General de la República, los beneficios distintos de las remuneraciones básicas ascendieron a la exagerada suma de casi dos billones de colones (¢1,9 billones) en el 2014, y superaron las remuneraciones básicas, que alcanzaron ¢1,8 billones. Este año, obviamente, los montos serán mayores. De nuevo: ¿Qué harán las autoridades gubernamentales y legislativas para resolverlo?

Los beneficios abusivos son harto conocidos: desde anualidades prácticamente automáticas por buenas calificaciones, que en el Gobierno central las reciben el 99% de los empleados sin que exista un verdadero examen individual de los méritos, eficiencia o calidad del servicio, hasta dedicación exclusiva, que es uno de los pagos más absurdos, como si un trabajador contratado a tiempo completo pudiera, materialmente, dedicarse a servir simultáneamente en otro lado.

En la larga lista de beneficios abusivos están también horas extras sin necesitarse; permisos con goce de salario para estudios y otros menesteres, incluyendo ausencias prolongadas para toda clase de necesidad, como traslados de casa, matrimonios, nacimientos y entierros; así como salarios escolares, remuneraciones de lujo para funcionarios bancarios, cesantías abultadas y demás.

Casi ninguno de estos beneficios los reciben en igual proporción, o del todo no los reciben, los trabajadores del sector privado. En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, cuyo presupuesto este año obtuvo una asignación equivalente a más del triple del crecimiento real de la producción y de la inflación estimada, la brecha entre las remuneraciones básicas y los beneficios adicionales se está incrementando. Por su parte, el plan de gastos para gratificaciones del sector descentralizado aumentará un 9% en el 2015, casi el doble del incremento en los sueldos base (5%). En el Gobierno central, el plan de gastos para remuneraciones sube un 16%. Estos pagos contribuyen, sin duda, a acrecentar el déficit fiscal, la deuda pública y la brecha social entre pobres y ricos.

Consultados por nuestros reporteros sobre posibles acciones para corregir los males, las respuestas de los jerarcas fueron pobres y evasivas, y diferidas en el tiempo. En la Universidad de Costa Rica hay una comisión encargada de “la evaluación integral para aportar recomendaciones”. Pero ¿qué puede salir de una comisión compuesta por los propios profesores interesados en mantener los beneficios? ¿Actuarían con objetividad si funcionaran como juez y parte?

En Recope, la administración dice que revisa “toda la estructura de gastos de la entidad, incluidos los incentivos que están por convención colectiva”, pero, hasta la fecha, no hay ningún logro concreto. En el Gobierno central, se han integrado comisiones –de nuevo, comisiones– para plantear recomendaciones tomando en cuenta los elementos involucrados según la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, para quien “en esta compleja tarea hay sin duda algunas normativas que plantear o modificar. Así, esas tomarán la ruta de un proyecto de ley específico”.

Ahí está el nudo gordiano de la cuestión. El gobierno no estaba preparado para enfrentar el principal problema de las finanzas públicas y, peor aún, le está dando largas.

Al final, y a juzgar por la vocación para el gasto demostrada por esta administración (el presupuesto se incrementó en un 19%) y la falta de decisión cuando se trata de las remuneraciones de los empleados públicos y los pluses salariales, podría elaborar un proyecto de ley que posiblemente sea insuficiente para resolver los problemas de fondo. Entretanto, presiona a la Asamblea Legislativa para que apruebe nuevos impuestos, posición que resulta del todo inaceptable.

Mientras no se presente un proyecto de ley responsable para poner coto a uno de los principales problemas causantes del déficit fiscal y del incremento de la deuda pública, incluyendo especialmente las remuneraciones de los servidores públicos y el empleo total, no deben aprobarse, ni siquiera discutirse, nuevos impuestos.