EscucharLas sagas de la “platina” sobre el río Virilla en la autopista General Cañas y del control de velocidad, mediante el uso de cámaras, han puesto de manifiesto un estilo o forma particular de hacer las cosas en no pocas instituciones públicas. Si las dos citadas han sido ejemplares, por haber ocupado la atención del país de manera abrumadora, de este extraño proceder tampoco se libran proyectos de mayor envergadura. Desde este punto de vista, este proceder cobra una importancia capital.
Vale la pena detenerse en estas dos aleccionadoras experiencias y formular votos por que las autoridades del tránsito y los funcionarios del MOPT saquen provecho de ellas, en vez de quejarse de las críticas, de las resoluciones de la Sala Constitucional y, peor aún, de atribuir a estas la quiebra del sistema de seguridad vial. Estos dos casos, además, analizados en las causas reales de su fracaso, se pueden extrapolar a otras instituciones nacionales, que le han costado al país ingentes sumas de dinero y no se diga de tiempo o desconfianza, que es lo peor, así como dudas sobre la capacidad de desempeño del Estado, en menoscabo de nuestro sistema democrático. Si el grito de “sí podemos” entusiasma y estimula, el de “no podemos”, ante diversos hechos desesperantes, deja una estela moral de impotencia y desánimo.
Esta crítica no se extiende, como es de suponer, a todas las instituciones públicas, pero bastan las denuncias publicadas por varios años, en materia grave o en materia leve, en pequeños proyectos o en otros de mayor fuste, para que no nos aqueje la angustia. En estas situaciones aparece un patrón que debe ser motivo de análisis y que, en el caso de la “platina” y de las cámaras de control de velocidad, ha alcanzado los honores de chambonada. Las chambonadas, de la más diversa índole, se distinguen por la falta de planeamiento, por la precipitación en la toma de decisiones, por la falta de control y por la ausencia de discernimiento, al punto que, apenas estos proyectos echan a andar, de inmediato los usuarios detectan fallas o errores que ofenden las normas técnicas y el sentido común. Lo que mal comienza mal acaba.
En estas circunstancias las reacciones de molestia y disconformidad han surgido de todos los sectores hasta convertirse en un tema generalizado y mediático, y en un problema de Estado, en el que han tenido que intervenir los tres poderes, para desembocar en una competencia de explicaciones incoherentes, de parte de los funcionarios responsables, y, al final, en comedia. Uno de los capítulos más interesantes en este drama nacional son los artículos de expertos o profesionales publicados en la prensa, donde los autores aportan sus conocimientos para corregir los entuertos. La confusión con las cámaras de control de velocidad, por el desconocimiento de aspectos elementales, lo demuestra hasta la saciedad, todo lo cual se pudo evitar si los funcionarios públicos encargados hubieran pedido el consejo de los que saben, que venturosamente no escasean en nuestro país. Bienvenida sea la voluntad de resolver los problemas, pero no se puede prescindir del conocimiento, que si no se tiene, se busca o se pide.
En medio de este desbarajuste, algunos funcionarios responsables se regodean de “la caída en las infracciones, como evidencia del éxito de estos dispositivos electrónicos”. Pareciera que no han aprendido la lección, pues es obvio que, siendo las multas tan desproporcionadas, los conductores manejan con más cuidado. Este no es el punto. Un proyecto de este tipo debe elaborarse y aplicarse con una visión integral del problema que se va a atacar. La tecnología debe ir de la mano del buen juicio y de la aplicación de normas legales y técnicas precisas, a fin de lograr el objetivo propuesto en beneficio de la seguridad y de la educación de las personas.
Hagamos el firme propósito nacional de poner fin a las chambonadas, cuyo costo económico rebasa toda medida, además de convertirnos en el hazmerreír de propios y extraños.
