Los beneficios derivados de la apertura pueden ampliarse mucho más con las políticas de Estado adecuadas y el buen uso de los fondos generados por las propias operadoras

 22 noviembre, 2016

La explosión de la telefonía celular amplía el acceso a Internet en todos los estratos sociales, incluidos los hogares en condiciones de pobreza. Este año hay 33.500 hogares más con posibilidad de utilizar la red según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El acceso a la Internet es uno de los factores de la nueva medición multidimensional de la pobreza. Es, también, el indicador con mayor progreso entre los 19 establecidos para hacer la medición. El aumento en el uso de teléfonos celulares es el principal motivo del avance. La navegación con uso del celular es más barata y fácil, no necesita de computadoras y programas especiales y siempre está a la mano.

Entre el 2014 y el 2015, las líneas celulares activas aumentaron un 7% y la penetración alcanzó el 156%. Pero el aumento del número de líneas no es la única explicación para el acceso extendido. Políticas públicas diseñadas para reducir la brecha digital también han contribuido, pese a la lentitud con que se han venido desplegando.

El programa CR-Digital pretende promover el acceso a la Internet de familias de escasos recursos con iniciativas como las llamadas “Comunidades Conectadas” y “Hogares Conectados”, que incluyen la entrega de computadoras. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) es la fuente de financiamiento de esos programas. También servirá para mejorar la conectividad de escuelas y colegios.

La ampliación de la telefonía celular y la existencia del Fonatel, financiado por los cánones cobrados a las operadoras, se deben a la apertura de las telecomunicaciones, tan ferozmente debatida en el país hace pocos años. Si el Fondo no ha rendido mayores frutos, solo podemos culpar a los vericuetos de nuestra burocracia. Las tensiones entre el Ejecutivo y Fonatel por el impulso de los programas asignados al Fondo alcanzaron el grado de franco enfrentamiento durante la pasada administración.

Pero el desarrollo logrado en los años transcurridos desde la apertura ya es notable, aunque hay importantes disparidades en la prestación del servicio y advertencias que deben ser escuchadas con atención por los encargados de diseñar las políticas. Roberto Sasso, presidente del Club de Investigación Tecnológica, advierte, por ejemplo, sobre la posibilidad de perder el terreno ganado en acceso a la Internet de la población más pobre si se cambia el esquema del negocio para cobrar la navegación en el celular por descarga.

Por otra parte, un estudio de la Superintendencia de Telecomunicaciones concluyó que el 47% de los planes de telefonía móvil pospago ofrecidos en el país no cumplen la velocidad de Internet prometida a los usuarios. Las diferencias, según el estudio, son grandes y afectan significativamente la calidad.

Los operadores relacionan los dos problemas: el modelo de cobro y la velocidad. Según su criterio, la tarifa plana existente en el país es responsable de una saturación de las redes de transmisión cuyo efecto es una disminución de la velocidad. En el 2013, los usuarios traficaron por redes móviles 24.270 terabytes y ya para el 2015 la cantidad se había triplicado a 74.933.

El país debe encontrar el equilibrio entre la calidad del servicio y su extensión a todos los rincones de la geografía y a todos los estratos sociales. La privación de la Internet es un factor de primera importancia entre los capaces de perpetuar el círculo de la pobreza en la sociedad actual. Los beneficios derivados hasta ahora de la apertura de las telecomunicaciones pueden ampliarse mucho más con las políticas de Estado adecuadas y el buen uso de los fondos generados por las propias empresas operadoras.