Por fin, la Caja Costarricense de Seguro Social está a punto de admitir la necesidad de revisar los beneficios, la edad de retiro y las cotizaciones de su sistema de pensiones. El debate sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se prolongó demasiado y la administración pasó de una abierta rebelión contra la Superintendencia de Pensiones (Supén) a la negación del problema. Luego, se resignó a ejecutar los cambios más obvios: ajustar la base contributiva de los asegurados independientes, cerrar los portillos a la jubilación anticipada y generar recursos frescos. Ahora, admite la urgencia una reforma de fondo.
Persiste un grado de ambigüedad, pero el avance es notable. La presidenta ejecutiva, María del Rocío Sáenz, prefiere hablar de “un análisis sobre el nivel de sanidad del sistema”, pero afirma que, independientemente del resultado del estudio contratado a la firma auditora argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, “ya toca una revisión, tanto de la ley del 2000 como de los cambios del 2005”.
La Caja, según se infiere de las declaraciones, no necesita ver el documento final para darse cuenta de los problemas. Si hubiera confianza en el resultado de la auditoría, estaríamos en espera de un certificado de buena salud del régimen y no habría motivos para plantearse una reforma.
Lejos de eso, un grupo de mandos medios de la Caja, también temeroso de los resultados, se reunió, a finales del año pasado, para organizar de antemano la defensa de las actuales condiciones del IVM frente a la auditoría, en ese momento apenas iniciada por Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.
Las debilidades del régimen las ha venido señalando la Supén desde hace mucho tiempo. La firma Nathal y Asociados las puso en evidencia hace cinco años, en un informe cuyas conclusiones la Caja disputó con vehemencia. La realidad también insiste en sacar las falencias a flote. Los intereses generados por el régimen se han venido utilizando a ritmo creciente para pagar pensiones y aguinaldos. Ese sacrificio del crecimiento del fondo, indispensable para su solidez futura, es la mejor prueba de la insuficiencia de sus ingresos ordinarios.
La caída de las pensiones como porcentaje del salario de los jubilados también es un hecho innegable, previsto por el reglamento de la Ley de Protección al Trabajador, aprobado en el 2000. El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y los sistemas voluntarios fueron creados, precisamente, para compensar la pérdida visualizada desde entonces. La Administración pasada decidió desincentivar el ahorro en esos regímenes, gravándolos con el impuesto sobre la renta, mientras se negaba a reconocer los problemas del IVM, a riesgo de empeorarlos, pero ese es otro tema de tantos que debemos lamentar en el manejo de los regímenes de pensiones.
Ya en el 2011, el superintendente de Pensiones, Édgar Robles, describió el problema con el uso de la más sencilla matemática: el trabajador promedio cotiza ¢23,9 millones a lo largo de su vida laboral, pero recibe como pensionado más de ¢41 millones, dada la edad de retiro y la expectativa de vida vigentes. En suma, el aporte al régimen representa un 58,4% del beneficio recibido en el curso de la jubilación.
A pesar de todas esas señales de alarma, se hicieron necesarios la intervención de la Gerencia de Pensiones de la Caja, una investigación legislativa, un larguísimo debate público, un nuevo estudio actuarial cuyo contenido todavía no se conoce y la inauguración de otro Gobierno para que la administración reconozca el problema.
En esta ocasión, la Caja debe dar a conocer los resultados del estudio actuarial, que son de altísimo interés público, y no pretender ocultarlos, como ocurrió con la auditoría de Nathal, cuya difusión, más bien, fue invocada para “explicar” la negación de informes a la Supén, sobre la base de la “desconfianza” creada por la divulgación del documento. Solo así habrá una medida de la magnitud del problema y, quizá, el sentido de urgencia indispensable para enfrentarlo.
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