En el 94% de los hogares costarricenses hay, por lo menos, un teléfono celular y la penetración de Internet crece a ritmo acelerado. El acceso a la red es dispar, según la región y los ingresos, pero, aun en el marco de esa circunstancia, las noticias son alentadoras y sorprendentes.
Un 30% de los hogares ubicados en el último quintil de ingresos cuenta con acceso a la red. Vista desde la perspectiva del faltante, la cifra es causa de justa alarma y señala el camino para los esfuerzos futuros de extensión del servicio, pero el avance es significativo.
No hace mucho, la penetración nacional de la red alcanzaba porcentajes similares a los registrados actualmente en el quintil menos favorecido de la población. Hoy, el 83% de los hogares pertenecientes al quintil de mayores ingresos está conectado a la Internet.
La brecha entre regiones muestra circunstancias parecidas. El 62% de los hogares de la región central goza de la red, pero en la zona chorotega, la cifra cae a 39%, con todo, una estadística muy superior a la penetración total de la Internet hace pocos años.
El porcentaje de casas sin conexión a la red, a pesar de poseer computadora, también ha decrecido y, en general, el 55% de los hogares costarricenses tiene servicio de Internet y una computadora para aprovecharlo. Sin embargo, la urgencia de cerrar las brechas es grande. La disparidad de acceso a la tecnología se hace sentir, cada vez más, en la desigualdad social.
Los teléfonos contribuyen a nivelar las disparidades, pero ese efecto no es suficiente. El celular, según los últimos estudios, es el dispositivo más utilizado para acceder a la Internet. La computadora hogareña fue relegada a la segunda posición.
En buena medida, la difusión de la tecnología se debe a la apertura del mercado de las telecomunicaciones, pero los beneficios del nuevo esquema no se han sabido aprovechar en su totalidad. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cuya existencia responde a la necesidad de cerrar la brecha digital, todavía no consigue la agilidad y coordinación necesarias para cumplir su cometido.
La extensión de la red a escuelas y colegios en todo el país camina a paso lento, sin relación con los cuantiosos fondos acumulados en las arcas de la institución. La mayoría de los centros educativos cuentan con conexión, pero muy pocos están en capacidad de sacar provecho a velocidades superiores a dos megabytes por segundo. Esa limitación impide aprovechar la red como recurso para la educación y limita su uso a labores administrativas.
La calidad de la conexión debe ser, en adelante, una de las preocupaciones fundamentales. El Plan Nacional de las Telecomunicaciones, la política pública rectora de la labor de Fonatel, establece que la velocidad de acceso a Internet en los centros educativos debe ser, como mínimo, de seis megabytes por segundo. Esa velocidad, tres veces mayor que la instalada en la gran mayoría de escuelas y colegios, es de todas formas insuficiente, pero los carteles de licitación de Fonatel con frecuencia solicitan velocidades inferiores.
Mientras la extensión de la Internet a todo el territorio nacional no se logre con la calidad necesaria, seguirán acumulándose las generaciones de graduados cuya educación no incluye las destrezas requeridas para desempeñarse en un mercado laboral cada vez más exigente. Tampoco tendrán, esos graduados, la posibilidad de aprovechar a plenitud los avances en la creciente conectividad del país. La carrera es también contra el tiempo.