Opinión

EDITORIAL

El asilo de Assange

Actualizado el 18 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Las implicaciones de la disputa entre Londres y Quito suscitan profundas preocupaciones

A Gran Bretaña le asisten buenas razones para entregar a Assange a las autoridades suecas, pero se arriesga a establecer un mal precedente

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Julian Assange, fundador de Wikileaks, es epicentro de una compleja disputa diplomática entre Ecuador y Gran Bretaña, con la pugna ideológica entre Quito y Washington como evidente trasfondo. La organización de Assange saltó a la fama cuando obtuvo y difundió comprometedores documentos de la diplomacia estadounidense, incluyendo informes relacionados con las guerras de Irak y Afganistán.

Estados Unidos no renuncia a la posibilidad de enjuiciar a Assange por divulgar sus secretos, y Suecia lo requiere para que enfrente cargos por delitos sexuales. Gran Bretaña concedió la solicitud de extradición planteada por Suecia, pero el activista australiano se refugió en la embajada de Ecuador en Londres y pidió asilo político. El Gobierno del presidente Rafael Correa acogió la solicitud y espera la emisión de un salvoconducto para sacarlo de territorio británico.

Assange dice temer una extradición de Suecia a Estados Unidos luego de encarar las acusaciones formuladas en Estocolmo. Gran Bretaña se considera obligada a entregar al australiano y enfatiza la falta de relación entre las actividades de Wikileaks y los cargos pendientes en Estocolmo. Por su parte, Suecia despliega una airada defensa de su ordenamiento jurídico y el respeto a las garantías individuales, por el cual se la reconoce en el mundo.

Ecuador, sin embargo, dice temer por la vida de Assange y la posibilidad de una condena a muerte en los Estados Unidos si los suecos deciden entregarlo a ese país. Es imposible desvincular la decisión de Quito de las tensiones con Washington. Para Correa, el caso presenta una oportunidad de infligir un revés propagandístico al adversario.

Los simpatizantes de Assange, cuyas revelaciones se publicaron en los principales diarios del mundo, incluida La Nación , lo defienden como adalid de la libertad de expresión, pero atribuir la actitud de Correa al deseo de proteger ese derecho sería un contrasentido. El Gobierno ecuatoriano preside sobre una arremetida contra los medios de comunicación locales. El mandatario promueve reformas legales incongruentes con los estándares internacionales para la protección de la libre expresión, y los tribunales bajo su influjo emiten condenas exorbitantes, destinadas a acallar a la prensa independiente.

Esas incoherencias no excluyen una profunda preocupación por las implicaciones del caso para el derecho de asilo. Ecuador teme la violación de su sede diplomática en Londres, y la Cancillería británica no se ha esforzado por despejar la duda. Por el contrario, el canciller William Hague, en alusión a una ley que permitiría suspender la inmunidad de la sede, declaró: “No hay amenaza alguna de tomar por asalto una embajada. Hablamos de una ley del Parlamento de este país que hace hincapié en que (las sedes diplomáticas) deben utilizarse de plena conformidad con el derecho internacional”.

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El prestigio del sistema legal británico no está en duda, pero las consecuencias de establecer un mal precedente y alentar arbitrariedades de Gobiernos menos apegados a la legalidad podrían ser nefastas. Rara vez se concede asilo a los perseguidos por Gobiernos autoritarios sin suscitar protestas de interferencia con procesos legales internos, muchas veces amañados. Costa Rica se ha visto confrontada con esas razones al conceder asilo a políticos ecuatorianos y de otros países.

A Gran Bretaña le asisten buenas razones para negar el salvoconducto e insistir en su obligación de entregar a Assange a las autoridades suecas con el fin de enjuiciarlo por delitos comunes, pero esa rigurosa defensa del derecho no debe tentarla a ofrecer a los déspotas del mundo un argumento contra la institución del asilo, tan preciada en nuestra América por razones de profunda raigambre histórica.

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