En el último mes, las autoridades decidieron encontrar 2.544 armas inscritas por 65 empresas irregulares en San José y Limón, y solo hallaron once

 25 julio, 2015

Seiscientas cuarenta y nueve agencias de seguridad carentes de permisos de funcionamiento tienen miles de armas inscritas. Sumadas las empresas con permisos al día, el arsenal de las agencias particulares se calcula en unas 25.000 armas, pero las autoridades no precisan cuántas de ellas están en poder de las organizaciones no autorizadas para operar. Son miles, no hay duda, y su paradero es incierto.

En el último mes, las autoridades decidieron encontrar 2.544 armas inscritas por 65 empresas irregulares en San José y Limón. Solo hallaron 11, y apenas consiguieron conversar con el propietario de una de las 10 agencias visitadas en San José, el 2 de junio.

Nadie sabe qué hicieron con el armamento las empresas que dejaron de funcionar. De las 964 agencias de seguridad con permisos vigentes, solo 484 cumplen los requisitos del sistema Control Pas, una herramienta tecnológica diseñada para dejar registro de los trámites, incluida la inscripción de agentes y armas, con el objeto de mejorar el control.

Son datos dispersos e imprecisos, pero bastan para aquilatar el caos existente. El Ministerio de Seguridad Pública lo admite sin discusión y su jerarca, Gustavo Mata, considera necesaria la intervención del Ministerio Público para enfrentar el “peligro” implícito el desconocer dónde se encuentran las armas.

En algunos casos, los responsables dicen haberlas perdido en robos y situaciones similares, pero no respaldan la afirmación con la copia de una denuncia, pese a la obligación de informar semejantes incidentes a la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad.

En 293 casos, el alegato de robo sí encontró respaldo en una denuncia, pero ese número apenas representa un 11,5% de las 2.544 armas buscadas por la Policía en las 65 empresas investigadas hasta ahora en San José y Limón. Son muchos robos y pérdidas accidentales de equipos cuyo peligro exige mayores cuidados.

Esas armas engrosan el arsenal ilícito del país y es enorme la posibilidad de que las no localizadas, de paradero inexplicado, corran el mismo destino. En la mayoría de los casos, simplemente no encontraron la agencia y, con ello, se fueron las pistolas, dijo el ministro. Restando las armas denunciadas como robadas, falta dar cuenta de otras 2.240 solo en el caso de las 65 empresas no autorizadas para operar, objeto de las pesquisas iniciales. Las restantes 584 agencias sin permiso no han sido revisadas y si los resultados iniciales son un indicador, los resultados empeorarán.

El problema es tan grande que una de las razones detrás de las pesquisas de las últimas semanas es una queja de las autoridades panameñas sobre el envío a ese país de armas ilegales costarricenses. La preocupación se ventiló entre ministros, al más alto nivel, según dijo Mata. Los panameños solicitaron a nuestras autoridades mejorar el control.

El Ministerio de Seguridad denunció ante la Fiscalía a 64 de las 65 agencias de seguridad investigadas hasta ahora. Sesenta de ellas porque no pudieron ser halladas y a las otras cuatro por no tener en su poder las armas inscritas cuando funcionaban como empresas de seguridad privadas. La agencia no denunciada tampoco devolvió el arma, pero demostró haber hecho los trámites para reportar el robo. El récord es perfecto: en ninguna de las 65 se hallaron las armas inscritas y, en el mejor de los casos, hubo el descuido necesario para propiciar un robo.

La investigación del paradero de las armas, con todo y la intervención del Ministerio Público, es insuficiente. El Congreso debe legislar para fortalecer los controles y las penas a quienes los violen. Las armas ilícitas intervienen en un alto porcentaje de homicidios y constituyen una grave amenaza para la seguridad pública. No todas provienen de agencias irregulares o con permisos vencidos, un sector relativamente regulado si se le compara con el puro y simple comercio ilícito. Razón de más para preocuparse.