Opinión

EDITORIAL

Un arma innoble

Actualizado el 21 de febrero de 2014 a las 12:00 am

Según Johnny Araya, le montaron un escándalo tributario con propósitos políticos. Los hechos parecen darle la razón

Hay en el espectáculo montado contra el candidato liberacionista motivos de sobra para temer la vulneración de garantías ciudadanas fundamentales

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Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), alertó el miércoles al país de una inminente visita de funcionarios de la Dirección General de Tributación Directa a casa del candidato presidencial Johnny Araya para notificarle la supuesta comisión de una falta.

La información publicada por el sindicalista no fue precisa en cuanto al reclamo, pero sí en relación con todas las demás circunstancias. Vargas escribió en su cuenta de la red social Twitter: “En pocos minutos Tributación notificará a Johnny Araya por no declarar impuestos producto de sociedades anónimas en las que está metido”. Poco después, añadió: “La notificación de presunta evasión de impuestos al Sr. Araya la harán en su propia casa de Rohrmoser”.

La notificación no guardaba relación alguna con la evasión de impuestos, sino con la fijación de un plazo de diez días para que el candidato formule una declaración informativa que supuestamente debió someter a las autoridades el 30 de setiembre. Se trata de datos sobre “unos siete movimientos”, entre ellos, varias compras, informó el aspirante presidencial.

Tributación utiliza esa información para cruzarla con las declaraciones de las contrapartes en la transacción y así constatar si los impuestos fueron cancelados por quien estaba obligado a pagarlos. En otras palabras, si Araya compró bienes o servicios valorados en más de ¢2,5 millones para emplearlos en una actividad lucrativa, debió informar a Hacienda para que constatara si el vendedor, en caso de que fuera el obligado tributario, canceló los impuestos. Si, por el contrario, Araya vendió servicios por más de ¢50 mil, también debió hacer la declaración.

El candidato está dentro del plazo para rendir la declaración o expresar sus objeciones. Según dijo, las transacciones aludidas en la notificación son personales y no generan el deber de declarar (compra de muebles para la casa, un vehículo y otros efectos de uso personal, además del pago de intereses sobre un préstamo de un banco estatal y un seguro del INS que niega haber contratado).

En cualquier caso, no hay cuestionamiento alguno por evasión de impuestos y, cuando mucho, el candidato se expondría a una multa de ¢2 millones, si presenta la declaración y se constata que omitió información debida. La multa, sin embargo, no podría ser aplicada porque el artículo en cuestión está bajo examen de la Sala Constitucional. Por otra parte, si Araya demuestra el carácter personal de los gastos, no habría incumplimiento alguno y el caso se tornaría aún más extraño.

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Esas circunstancias no evitaron la presencia de la prensa en la residencia del candidato para atestiguar el acto de notificación. Según Araya, le montaron el escándalo con propósitos políticos. Los hechos parecen darle la razón. La confidencialidad de la información divulgada por el secretario general de la ANEP está protegida por la ley y existe la posibilidad de sancionar penalmente a quien, teniendo el deber de mantenerla en reserva, la haya difundido.

Cuando la radioemisora ADN preguntó a don Albino sobre el caso, negó cualquier intención de afectar la candidatura de Araya y afirmó: “Simplemente transmitimos lo que los funcionarios tributarios nos dijeron que había que transmitirle a la opinión pública”.

Es decir, los encargados de custodiar la información tributaria estimaron indispensable transmitirle a la opinión pública datos confidenciales de cuya reserva son responsables según la ley. Esos datos urgentes consisten en la notificación de una falta administrativa de cuya existencia hay duda y no puede darse por cometida mientras el supuesto responsable no ejerza su defensa.

La ANEP, la prensa y muchos usuarios de Twitter supieron de la notificación antes que el notificado, cuya falta no está demostrada y se tramita al amparo de una norma cuestionada. Si hubiera falta, consistiría en la omisión de información necesaria para fiscalizar a terceros, no en una evasión.

La única falta sobre la cual no hay duda es la cometida por los funcionarios de Tributación no identificados por don Albino. Su identidad deber ser investigada, no así sus motivaciones porque no podrían ser más claras: la utilización de los formidables medios puestos a su disposición por la función pública para influir en el resultado de las elecciones del 6 de abril. Es un arma innoble, hoy utilizada con claros fines políticos y mañana capaz de tornarse contra cualquier funcionario, periodista, juez y hasta los particulares.

Los empleados del sector salud, sindicalizados o no, tienen acceso a los expedientes clínicos de todos los ciudadanos. Ojalá que conserven siempre nuestra confianza, como lo han hecho hasta ahora, y que a ninguno se le antoje necesario “transmitir” los datos “a la opinión pública”. Hay en el espectáculo montado contra el candidato liberacionista motivos de sobra para temer la vulneración de garantías ciudadanas fundamentales.

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Esas garantías existen, precisamente, para impedirle al Estado y sus funcionarios cometer abusos como el de marras.

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