La muerte del fiscal Alberto Nisman desató la crisis más seria del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner

 1 febrero, 2015

El tema que hoy estremece a la opinión pública argentina es la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Fue un suicidio, o falleció víctima de un asesinato? En el debate nacional, rico en referencias a las andanzas iraníes de la presidenta, Cristina Kirchner, y su canciller, Héctor Timerman, se descarta el suicidio y, en cambio, predominan las opiniones de que se trata de un asesinato.

Nisman murió hace una semana en su apartamento en Madero, acomodado barrio capitalino, y su pérdida se hace sentir en los cuadros que combaten el crimen y la corrupción.

En el 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner, marido de la actual mandataria, se propuso resucitar la causa judicial por la destrucción del edificio de la AMIA, una mutual judía de beneficencia, dinamitado en 1994, supuestamente por terroristas al servicio de Irán. La causa se había disipado por negligencia de las autoridades y Kirchner decidió designar a Alberto Nisman, un joven funcionario, como fiscal especial. De inmediato, el abogado puso manos a la obra para impulsar la causa penal.

En esos años, el matrimonio Kirchner realizó frecuentes visitas a Washington y otras grandes ciudades estadounidenses. Como resultado de esas giras y la renovada investigación de la AMIA, las principales organizaciones judías decidieron respaldar las gestiones argentinas para lograr créditos y otros programas.

Ese halagador panorama se vio afectado por los vaivenes de la economía mundial. Argentina sufrió pérdidas en sus exportaciones agrícolas y se hizo menos atractiva para las inversiones provenientes del exterior. Además, en el 2010 murió Néstor Kirchner, principal asesor y mayor gestor del ascenso político de su esposa, Cristina.

Con este trasfondo, se iniciaron los contactos con Irán, a cargo del canciller Héctor Timerman. Hubo reuniones secretas en Líbano y Siria que desembocaron en acuerdos de apoyo comercial y financiero. Los enviados persas exigieron de antemano el levantamiento de las órdenes internacionales de arresto que pesaban contra personajes de alto vuelo de Teherán a raíz de la causa penal resucitada por Nisman.

Las relaciones de la Presidencia argentina con la Fiscalía también se agriaron, en mucho por motivo del inusual giro de la diplomacia hacia los iraníes. Nisman prosiguió la acción penal de la AMIA y, hace poco, completó un cuadro de encubrimiento de las actuaciones de Irán, con posible responsabilidad de la presidenta, el canciller y otros funcionarios.

El domingo 18 de enero, Nisman se preparaba para una vista al Congreso Nacional, programada para el día siguiente, donde plantearía serias denuncias. En conversaciones con amigos cercanos, se manifestó optimista por el curso de sus investigaciones. Desafortunadamente, ya por la noche de ese domingo no respondía a las llamadas telefónicas de familiares y colaboradores. Fue entonces que la policía ingresó en el apartamento y encontró su cadáver en el baño.

Casi de seguido, se produjo el lamentable dictamen de la mandataria, quien declaró al país que se trataba de un suicidio. Posteriormente, se desdijo para concluir que fue un asesinato. El resultado de esos titubeos fue agudizar las sospechas sobre la autoría del homicidio.

A estas alturas, la furia de la opinión pública se ha desencadenado contra el Gobierno en forma grave y preocupante. Un discurso de la mandataria en televisión, el miércoles por la noche, agravó la situación. Es claro que hay una crisis de credibilidad y la ciudadanía demanda la verdad sobre lo acaecido. Resulta evidente que el Gobierno, en especial la presidenta y su canciller, enfrenta un desplome de apoyo cívico. Carentes de ese respaldo, muchos Gobiernos han caído en Argentina y, desde luego, en otras naciones. Los intentos de la presidenta para paliar la crisis han sido equívocos. Quizás eso lo saben, ya tardíamente, los círculos cercanos a la mandataria. Quizás, también, la presidenta carezca de consejeros aptos.