Radiográfica Costarricense (Racsa) pudo haber ofrecido el servicio de voz sobre protocolo de Internet desde 1999, “pero el ICE se lo prohibió porque afectaba la facturación de llamadas al exterior mediante sus centrales”, dice Pablo Ureña, directivo de Racsa durante el período de ocho años finalizado en el 2010.
Así comenzó el declive de la subsidiaria del ICE que un día fue dueña del 47% del mercado de Internet y aspiró a poseer una red de fibra óptica con 360.000 conexiones de 20 Mbps, entre otros servicios de avanzada. Hoy, la empresa perdió gran parte de sus clientes, los ingresos se vinieron al suelo y sus posibilidades para el futuro están en entredicho. La recuperación de Racsa como parte del patrimonio nacional parece difícil, y el tiempo perdido en el desarrollo de las nuevas tecnologías es de imposible reposición.
Ureña hace muy bien en recordar porque por esa vía es posible llegar al establecimiento de responsabilidades y la prevención de idénticos traspiés en el futuro. En 1999, cuando Racsa pudo comenzar a brindar servicios de voz sobre IP –y aun algunos años más tarde– hubo en el Congreso quien planteó la absurda iniciativa de bloquear los canales de Internet utilizados para el tráfico de voz con el fin de preservar el monopolio del ICE.
Todavía en octubre del 2005, este diario informaba sobre las “condiciones” fijadas por la propia Racsa a sus clientes: “Racsa permite a sus usuarios de Internet conversar por la red mientras sus llamadas no se trasladen a la red telefónica, dijo el gerente, Alberto Bermúdez. Con esa condición legal, la empresa no planea bloquear el servicio a ningún usuario”.
En aquel año, cuando la prensa internacional proclamaba el fin del negocio tradicional de las llamadas internacionales, el ICE se sentía de avanzada porque anunciaba una “migración” hacia las nuevas tecnologías con el fin de sumir a las centrales telefónicas en el olvido. Hoy sabemos cuánto tardamos y cuánto nos costó migrar. Es objeto de debate cuánto se hizo por propia voluntad y cuánto por la imposibilidad de preservar los sistemas anticuados, en su momento defendidos con tanto ahínco por la burocracia estatal.
El ICE preservó cuanto pudo el equivalente de un monopolio sobre la carreta y hoy pagamos las consecuencias. Entre otros costos, a tenor de las declaraciones de Ureña, es necesario contabilizar a Racsa. El futuro, en aquella época, no era inescrutable, como lo testimonian declaraciones de Guy de Teramond, exministro de Ciencia y Tecnología, para quien las llamadas por Internet operarían un cambio en la sociedad equiparable a la máquina de vapor, la luz eléctrica y el propio teléfono.
Siempre atento a las tendencias del momento, el sufrido Teramond, que tantos ataques soportó por su impulso al cambio, predijo que las operadoras telefónicas venderían servicios de Internet de alta velocidad para no perder a los clientes, que pronto harían sus llamadas por la red. La telefonía tradicional moriría a manos del esfuerzo comercializador de quienes hasta entonces habían sacado provecho de ella. Era el momento de adelantarse, pero en Costa Rica nos resistimos a hacerlo.
El 17 noviembre del 2007, el ICE parecía a punto de aceptar el consejo, según el titular de La Nación: “ICE ofrecerá llamadas internacionales por Internet”. Las pruebas se harían entre diciembre del 2007 y marzo del siguiente año, pero tres años más tarde las publicaciones de este diario seguían lamentando los atrasos y las oportunidades perdidas.
Lo predecible que era este futuro acrecienta la responsabilidad de quienes atrasaron los procesos en defensa de viejos esquemas, negocios y tecnologías.
Recordarlo es necesario para no desperdiciar, en el futuro, lecciones aprendidas a tan alto costo. En buena hora el debate sobre las verdaderas causas del declive de Racsa.