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EDITORIAL

El análisis de las concesiones

Actualizado el 22 de septiembre de 2010 a las 12:00 am

La revisión necesaria es de orden técnico y las bien documentadas experiencias de los últimos años deben ser punto de partida para perfeccionar el mecanismo

Los diputados se abocarán a una larga sucesión de audiencias aptas para el lucimiento personal con solo hacer eco de la justificada insatisfacción popular

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Un numeroso equipo de técnicos de la Contraloría General de la República, expertos en una amplia gama de disciplinas, está a disposición del Estado costarricense para escrutar, con objetividad y profesionalismo, los negocios públicos. Las concesiones de obra pública no son la excepción y la Contraloría ha invertido largas horas en la elaboración de sesudos análisis de los contratos. La ejecución de las obras tampoco escapa a su escrutinio y las conclusiones no son alentadoras.

El mecanismo es indispensable para el desarrollo de grandes obras que el país no tiene la capacidad de financiar. Se aplica aquí y en todo el mundo, con diversos grados de éxito y satisfacción. En Costa Rica, el trauma del Aeropuerto Juan Santamaría y, más recientemente, la carretera a Caldera, se sobreponen al éxito obtenido en los muelles de Puntarenas para proyectar una sombra de duda sobre el sistema. Las falencias son evidentes, pero no bastan para abandonar la idea.

La revisión necesaria es de orden técnico y las bien documentadas experiencias de los últimos años –todavía pocas, por cierto– son un buen punto de partida para perfeccionar el diseño institucional. La Asamblea Legislativa, sin embargo, se embarcó ayer en una expedición para descubrir el agua tibia. La comisión nombrada para investigar las concesiones corre el riesgo de devenir en un espectáculo político, mal orientado y poco constructivo.

Imposible negar al Congreso el ejercicio de su vital función de control político. Más bien es de lamentar que no lo ejerza con mayor vigor y sentido de la oportunidad, pero la comisión ad hoc se funda con estrechez de miras y sin claridad de objetivos. Parece condenada a suplir deficiencias no identificadas de la Contraloría o a sustituirla en sus funciones. Si desconfían de la labor contralora, los diputados deben decirlo sin ambages, pero a la fecha no se conoce indicio alguno para sustentar la desconfianza.

La Constitución y la ley fijan con precisión la funciones de la Contraloría, cuya Ley Orgánica le asigna un papel con tintes de ironía, en vista de la iniciativa de los legisladores: “La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley”.

La Contraloría es un órgano auxiliar del Congreso, pero el producto de su trabajo no basta a los diputados como punto de partida para escrutar el problema de las concesiones de obra pública y acordar los correctivos necesarios. Se abocarán al trámite de una larga sucesión de audiencias aptas para el lucimiento personal con solo desplegar un mínimo de astucia, la necesaria para hacer eco de la justificada insatisfacción popular con los proyectos de defectuosa ejecución.

Una muestra –la víspera que permite vislumbrar el día– fue la discusión inaugural de la comisión. El desacuerdo surgió a la hora de fijar agenda: la oposición exige comenzar por el análisis de los casos de Moín y la carretera a Caldera, pero Liberación Nacional prefiere un orden cronológico, partiendo de la frustrada construcción de la cárcel de Pococí. Basta recordar a qué administración podrían adjudicársele las falencias de cada proyecto para explicar las preferencias de los legisladores.

Entre los opositores, una de las razones más socorridas para tomar la ruta de Caldera es la precipitada inauguración de la autopista. No estaba lista, como se ha hecho evidente. Hay derrumbes y faltan pasos a desnivel, entre otros defectos constatados a simple vista. La Contraloría ya hizo la observación con lujo de detalles, pero para los congresistas este es uno de los temas a esclarecer.

El país requiere de mecanismos idóneos para evitar la repetición de abusos y errores. Es oportuno diseñarlos para guiar la acción gubernamental de cara a las grandes concesiones que están en ciernes, especialmente la de los muelles de Limón. El tiempo apremia y los legisladores no parecen comprenderlo.

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