EscucharLa Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) encara dificultades financieras que incidirán sobre el costo del combustible suministrado al consumidor. Hay razones inobjetables para el ajuste de precios, como la devaluación del colón frente al dólar, pero otros apuros se deben a la gestión de la empresa estatal.
La planilla de la Refinadora, para comenzar, está sobrecargada de empleados que, desde hace años, están en espera de la remodelación de las instalaciones, muchas veces prometida y jamás concretada. Sus salarios y los del resto de empleados de la institución se constituyen en un altísimo costo en virtud de los beneficios concedidos a lo largo de décadas en las negociaciones de la convención colectiva.
El manejo del crédito es también un factor de importancia. El financiamiento de inversiones mediante préstamos y colocación de bonos eleva la carga financiera de la Refinadora, que traslada el costo a los consumidores. Existe, además, un importante riesgo en la política de financiamiento para adquirir combustibles. Desde el 2011, la empresa emplea, cada vez más, líneas de crédito de corto plazo (menos de un año). Las compras se hacen en dólares y el crédito así obtenido implica un riesgo cambiario ya advertido por el Banco Central.
La necesidad de crédito está relacionada con erogaciones recientes, como el pago de obligaciones tributarias incumplidas. Luego de ejecutar una auditoría, el fisco reclamó a Recope la cancelación de ¢20.000 millones en impuesto sobre la renta del periodo 2009-2010 y está pendiente el pago de otros ¢7.218 millones por la misma razón. En marcha está una nueva auditoría del periodo 2011-2012 y, a juzgar por las declaraciones de los funcionarios involucrados, bien podría resultar en nuevas erogaciones.
En consecuencia, la empresa tuvo pérdidas de ¢6.151 millones el año pasado y el panorama proyectado no está claro para el 2014. Tarde o temprano, la cuenta llegará al consumidor, aunque la empresa insistió en la exclusión de uno de sus gastos más polémicos de los cálculos de fijación de precios presentados a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Se trata de los $50 millones invertidos en el proyecto de una nueva refinería cuyo desarrollo se haría en conjunto con la empresa estatal de hidrocarburos de China.
En tres años, Recope giró los $50 millones como aporte de capital a la empresa conjunta. El último giro, por $18,7 millones, se hizo el 30 de abril del 2013. La concreción del proyecto, como es bien sabido, está en duda por razones imputables a la empresa. Según la Contraloría General de la República, el estudio de factibilidad del proyecto fue hecho por una firma subsidiaria de la empresa china, con lo cual surgen preguntas sobre los costos y otros aspectos de la operación.
La Refinadora emprendió el diseño de un plan alternativo, pero el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ya se declaró insatisfecho con el resultado, entre otros motivos porque la empresa estatal aprovecha para ampliar su monopolio, incluyéndole la comercialización del gas natural. No deja de ser extraordinario que una institución como Recope, cuyo manejo es una carga cada vez más pesada para la sociedad costarricense, se sienta en posición de ampliar un monopolio cuya eficacia está en entredicho.
Tampoco es difícil comprender la alarma del Minae cuando la Refinadora pide extender sus operaciones al gas natural, un combustible esperanzador por su precio y compatibilidad con las mejores prácticas ambientales. Para adoptar su uso en el mercado nacional, es preciso resolver problemas de transporte, almacenamiento y distribución, pero es indispensable pensarlo dos veces antes de encomendar esas tareas a Recope. El costo de mantener la Refinadora en operación ya es suficiente, sin tomar el riesgo de extender el monopolio a otros combustibles.
