La idea de un gobierno de unidad y sus buenos propósitos merecen consideración, siquiera para explorar la posibilidad de un acuerdo programático previo a las elecciones

 16 abril, 2016

La propuesta del diputado Ottón Solís para crear un gobierno de unidad nacional parece, a primera vista, un planteamiento idealista, difícil de concretar. La idea es celebrar las próximas elecciones como siempre, salvo por la preexistencia de un acuerdo sobre temas fundamentales y el compromiso de nombrar a los funcionarios de la nueva administración según la proporción de votos obtenidos por cada participante del acuerdo.

El próximo presidente iniciaría su gobierno con una agenda clara, respaldada por una amplia mayoría legislativa multipartidaria y un gabinete que refleje también la realidad de nuestra política fragmentada. La coordinación del pacto se le encargaría a personas ajenas a la política y sin aspiraciones de ejercer cargos públicos.

Así planteada, la propuesta, amén de difícil de concretar, corre el riesgo de terminar reproduciendo en el Poder Ejecutivo la atomización y el inmovilismo ahora existente en la Asamblea Legislativa. Es difícil creer, además, en la disposición de las dirigencias partidarias a renunciar a la aspiración de ejercer cargos públicos para repartírselos a sus contrincantes.

La iniciativa tampoco exige un grado mínimo de coherencia entre las fuerzas invitadas a participar. Está dirigida a todas, con lo cual incluye facciones difíciles de conciliar si no es en torno a iniciativas muy específicas. No es impensable, en la Asamblea Legislativa, una coincidencia del voto libertario con el frenteamplista, pero solo en relación con proyectos muy específicos. Pensar en todo un programa con participación de ambos es menos realista.

Sin embargo, el planteamiento y sus buenos propósitos merecen consideración, cuando menos para explorar la posibilidad de un acuerdo programático previo a las elecciones, con el compromiso de los participantes de sacarlo adelante. Sería un compendio de políticas de Estado, concebidas para el largo plazo y no susceptibles de afectación por la alternancia en el poder de diversas fuerzas políticas.

Si por esa vía pudiera lograrse un gobierno fuerte, con capacidad para tramitar en el Congreso las iniciativas más urgentes, poco importarían los desacuerdos en otras materias. La clave está, por supuesto, en la calidad de la agenda de consenso, cuya cuidadosa estructuración sería un requisito indispensable.

Solís propone como base fundacional del acuerdo la ejecución eficiente de los presupuestos de inversión pública y lucha contra la pobreza, el ordenamiento de las remuneraciones en el sector público, la lucha contra la evasión tributaria y el ejercicio ético de la función pública.

“Costa Rica no está en crisis, pero no podemos sentarnos en los laureles. Los déficits en el comercio exterior y en las finanzas públicas, el alto nivel de desempleo, los índices de pobreza y desigualdad, la evasión tributaria, el crecimiento desbordado en la proporción del gasto estatal destinado a remuneraciones y, sobre todo, la incapacidad del sector público para ejecutar de manera eficiente los presupuestos destinados a infraestructura y al combate de la pobreza son problemas cada vez más preocupantes. Si no se atienden, la crisis –o al menos el estancamiento– será inevitable”, señaló el diputado para justificar su iniciativa.

  No está claro si los temas enunciados, o la generalidad de su enunciación, sean suficientes para conformar una agenda conjunta. La lista puede ser ampliada, depurada y mucho más concreta, pero la idea de conseguir un compromiso previo a las elecciones sobre propuestas bien delineadas, cuya especificidad excluya la posibilidad de incumplimientos con el detalle como excusa, no debería ser descartada por los partidos políticos con voluntad de participar. Para mayor transparencia, los acuerdos deberían ser parte de la oferta electoral de cada agrupación, junto con los temas de interés específico para cada una de ellas.