EscucharEl asunto es confuso. El prestigioso diario chileno El Mercurio dio cuenta del posible nombramiento, como cónsul en Santiago, de la jueza Susana Barreiros, responsable de sentenciar al preso político venezolano Leopoldo López a casi 14 años de cárcel. Fuentes de la judicatura caraqueña niegan la designación, pero en el Congreso chileno ya se escuchan voces de rechazo y protesta.
El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, advirtió públicamente a Nicolás Maduro que el nombramiento resultaría inaceptable y El Mercurio informa del estado de alerta vigente en el Poder Legislativo chileno por las informaciones relacionadas con la designación.
Para Costa Rica, son también inquietantes las versiones difundidas por diputados liberacionistas, quienes, sin revelar sus fuentes, dicen haber tenido informes del posible nombramiento de Barreiros como cónsul en San José, luego del rechazo expresado por los chilenos.
El jefe de fracción Julio Rojas dirigió una carta al canciller, Manuel González, para instarlo a rechazar el eventual nombramiento del cual la bancada tuvo conocimiento por versiones aparecidas en “algunos medios de comunicación y círculos políticos de Venezuela”. El diputado señala la incompatibilidad del triste papel desempeñado por la jueza Barreiros en el “espurio” juicio político contra el exalcalde de Chacao, convertido ahora en la principal figura de la oposición al chavismo.
La reacción ante el posible nombramiento podría juzgarse prematura, pero aquí como en Chile es preciso estar alerta para evitar semejante insulto a los valores democráticos y garantizar el respeto a los derechos humanos. Cuando menos, la carta del jefe de la bancada liberacionista es un claro mensaje de repudio, al cual de otras formas se han unido la mayoría de los diputados costarricenses.
La fracción legislativa de la Unidad Socialcristiana presentó una moción para instar al Gobierno a activar todos los mecanismos internacionales a su alcance y elevar ante la Organización de Estados Americanos “la preocupación por la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de López y pedir al organismo regional interceder por la liberación de los presos políticos en Venezuela”. La moción también se adelanta a los acontecimientos y pide hacer una excitativa al Gobierno de Venezuela para garantizar la presencia de observadores internacionales en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre.
La presencia de observadores no sobraría, pero poco contribuirá a legitimar un proceso convocado en el clima de represión e irrespeto a los derechos humanos imperante en Venezuela. La condena de López no puede verse con independencia de los próximos comicios. El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado a sus obsecuentes tribunales para descabezar a la oposición, sea mediante el presidio político o la inhabilitación.
La exdiputada María Corina Machado no podrá participar en las elecciones porque, según las autoridades, omitió en su declaración patrimonial unos bonos de alimentación que, según afirma, nunca recibió. Otros dos alcaldes de oposición fueron destituidos y condenados a prisión por no evitar la obstaculización del tránsito en sus municipios por parte de manifestantes antigubernamentales. Luego, fueron inhabilitados por no presentar sus declaraciones patrimoniales juradas dentro del plazo establecido, aunque en ese momento estaban recluidos en prisión.
La lista es larga y, para crearla, el concurso del Poder Judicial ha sido indispensable. Los jueces que se han prestado para tantos atropellos merecen el mismo repudio que sus actos han suscitado en todo el mundo. Por eso, el rechazo a que Susana Barreiros ponga un pie en Costa Rica es oportuno, aunque sea preventivamente.
