La adjudicación de frecuencias

El Estado perderá al menos $70 millones en el proceso y los usuarios tendrán menos opciones, pero las tácticas dilatorias consiguieron sus objetivos cortoplacistas: solo dos empresas se interesaron por una de las tres frecuencias licitadas y, con la mejor de las suertes, comenzarán a operar a finales del 2011, cuatro años después de aprobada la apertura del mercado. El ICE comenzó por retrasar la devolución de las frecuencias. No las necesitaba y tampoco le pertenecen, pero la institución tiene un largo historial de confusión de sus intereses con los del Estado y la sociedad. Las tarifas de interconexión constituyeron otra trinchera cavada para retrasar el progreso y mucha tinta ha corrido sobre el enfrentamiento, por ese motivo, entre el ICE y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). En su esfuerzo de resistencia, la institución contó con la involuntaria colaboración de un Estado incapaz de ofrecer resultados oportunos. El proceso de licitación fue rehén de las disputas entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Sutel. Sufrió atrasos imputables a la elaboración de los carteles y al final del largo y alambicado camino produjo el resultado conocido el martes, cuando solo las firmas Claro y Telefónica se apersonaron para depositar sus ofertas. Otras grandes empresas de telecomunicaciones se habían interesado por el negocio, establecieron oficinas en el país e hicieron las gestiones iniciales. Al final, vistas las complejidades del trámite y la sensación de inseguridad creada por las circunstancias descritas, desistieron de hacer ofertas y empacaron para llevar sus inversiones a mercados más amigables. El ICE, desde luego, se empeña en la búsqueda de explicaciones alternativas. Jorge Arguedas, dirigente sindical de la institución, asegura que la baja participación se debe a los padrinazgos políticos detrás de las dos empresas oferentes. “(') las otras compañías ni siquiera participaron porque no tienen opción” de ganar una frecuencia, dijo el sindicalista. La tesis encubre la responsabilidad del ICE, pero no explica por qué la tercera frecuencia quedó sin oferentes. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) dejará de percibir el mínimo de $70 millones establecido para concursar por la tercera frecuencia. La falta de competencia quizá afecte también el monto máximo de las ofertas finales y Fonatel contará con menos recursos para invertir en programas que incluyen la difusión de Internet en escuelas y colegios públicos. Las empresas que se abstuvieron se limitaron a alegar, en forma muy general, razones estratégicas, ausencia de las condiciones necesarias y falta de atractivo de las oportunidades ofrecidas. No fueron explícitas en la exposición de sus razones para cambiar de estrategia, considerar como insuficientes las condiciones ofrecidas o juzgar poco atractivas las oportunidades. Las vicisitudes del proceso, sin embargo, están a plena vista y su efecto sobre los potenciales oferentes no podría ser otro. Con todo, el país dio un paso de capital importancia hacia la apertura. No lo hizo como habría sido deseable, pero los dos competidores que persisten son grandes empresas de telecomunicaciones, de proyección internacional. Claro pertenece a la mexicana América Móvil y tiene presencia en 18 países de la región. Telefónica opera en 25 naciones de Europa, América y África. Existe en España desde 1924 y contrata a 264.000 trabajadores en todo el mundo. Son competidores serios cuya participación en Costa Rica debería convencer al ICE, de una vez por todas, de la necesidad de ajustarse a la nuevas condiciones de un mercado cuyo nacimiento ya no podrá retrasar.