Si la situación fiscal del país fuera holgada; si las presiones inflacionarias estuvieran controladas plenamente; si la economía mostrara claras señales de dinamismo; si las universidades estatales hubieran dado muestras de creciente eficiencia en el uso de los recursos y en la relación entre inversión académica y gastos administrativos, y si la “Agenda de cooperación y apoyo mutuo” firmada entre las partes incluyera metas y plazos específicos, y formas de verificar su cumplimiento, celebraríamos el acuerdo alcanzado el pasado miércoles por el Poder Ejecutivo y las cuatro principales universidades públicas.
Sin embargo, ninguna de las condiciones mencionadas existe. Por esto, nos genera gran inquietud que, el próximo año, las universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia e Instituto Tecnológico, afiliadas al Consejo Nacional de Rectores (Conare), recibirán ¢51.000 millones más de presupuesto, para un total de ¢410.500 millones, lo cual representa un incremento del 14% respecto a este año. (La Universidad Técnica Nacional, la quinta institución estatal de educación superior, queda fuera del arreglo, porque no integra el Conare).
Este periódico es un firme creyente en la trascendencia de la educación, como factor básico de la integralidad humana y como motor de desarrollo. Por esto, hemos apoyado insistentemente los esfuerzos por mejorar su acceso, calidad, pertinencia, financiamiento, infraestructura, gestión, recursos humanos y procesos de evaluación en todas sus etapas.
Estamos convencidos, además, de que, en la cadena de formación educativa, la investigación y la enseñanza superior son esenciales para coronar el esfuerzo de miles de jóvenes por su superación y para contribuir a la competitividad, la innovación y el bienestar. Y somos conscientes del papel indispensable de las universidades estatales en todo lo anterior.
El compromiso con la educación, sin embargo, no debe implicar un salto de tal magnitud en la asignación de recursos como el anunciado el miércoles, precisamente cuando la situación fiscal del país da cada vez más señales de deterioro, y sin que medie un plan que aclare con precisión el uso que se les dará a los fondos extras.
Tras anunciar el acuerdo, el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, dijo que el aumento se logró mediante una “fórmula” que no afectará el resto de las múltiples obligaciones del Estado. Esta afirmación es sorprendente, porque un incremento de tal magnitud, objetivamente, dispara el gasto, y la única forma de no afectar “el resto” es reduciendo las asignaciones para otros fines, incrementando el déficit o asegurando (no aspirando o prometiendo) una mayor recaudación.
Tanto el “Acuerdo de presupuesto para el año 2015” como la “Agenda de cooperación y apoyo mutuo”, firmados por las partes, son documentos de carácter muy impreciso. En el segundo de ellos, que pretende servir como justificación para la largueza del Gobierno, la “agenda” de que se habla no incluye compromisos claros, cuantificables y, por tanto, verificables. Esta tarea se le deja, sin plazo, a una comisión bipartita, encargada de “articular y dar seguimiento a un plan de trabajo conjunto a partir de las áreas de coincidencia” del documento. Es decir, primero se comprometen los recursos y después se acordarán los planes para utilizarlos, algo contrario a la lógica, al necesario rigor en el establecimiento de prioridades nacionales y en el uso de los dineros públicos, y a la transparencia que se proclama en los textos.
Además, nos parece poco correcto, y también contrario a la transparencia, que no se hubiera abierto un debate público durante el proceso de negociación. Estamos ante un hecho consumado. Lo menos que esperamos es que, a partir de ahora, la rendición de cuentas de las universidades sea más sistemática, transparente y abierta al escrutinio público, algo que, hasta el momento, no ha sucedido plenamente. En este sentido, sería muy conveniente que el programa Estado de la Nación, que ha sido tan riguroso y útil en examinar con escalpelo el desempeño de muchas instituciones, desarrolle un proyecto para establecer o adaptar indicadores comparativos de gestión e impacto de las universidades. Sería una forma de generar transparencia y, también, de colaborar con el mejor desempeño de nuestras casas de enseñanza superior.
Escuchar