EscucharLa Asamblea Legislativa condenó la exclusión de un grupo de medios estadounidenses de una sesión especial informativa con el jefe de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. La discriminación afectó a The New York Times, Politico, Los Angeles Times y CNN, entre otros medios críticos de la administración del presidente Donald Trump.
La revista Time y la agencia Associated Press no asistieron a la cita para mostrar su solidaridad con los excluidos y The Wall Street Journal dijo haberse enterado después de la reunión, pero se comprometió a no asistir si las circunstancias se repiten. Por contraste, la oficina de prensa de la Casa Blanca dio la bienvenida a medios de menor peso y estrecha vinculación con el gobierno, como Breitbart News, donde el consejero presidencial Steve Bannon ejerció como editor antes de unirse a la campaña de Trump. También asistieron The Washington Times, One America News Network y otros similares.
La moción aprobada por 23 votos contra 16 enfatiza el rechazo del Congreso costarricense a toda acción destinada a limitar el acceso a la información sobre asuntos públicos y pide al presidente, Luis Guillermo Solís, solicitar la intervención de los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas.
La iniciativa fue del diputado liberacionista Rolando González, quien hace pocas semanas planteó una moción similar para condenar el bloqueo de la señal de CNN en Español por el gobierno venezolano. Las dos acciones no son comparables. La salvajada del gobierno de Caracas es difícil de igualar. Mientras la Casa Blanca excluyó a los medios críticos de una sesión informativa a la cual tenían derecho de asistir, el Palacio de Miraflores simple y sencillamente eliminó a un canal de televisión.
Eso no resta méritos a la moción aprobada por la Asamblea Legislativa en el caso de los estadounidenses. A los países más respetuosos de la libertad de expresión, entre los cuales figuran Estados Unidos y Costa Rica, no se les debe perdonar ninguna transgresión. Cuando los mejores se comportan mal, los estándares caen y los violadores de los derechos humanos encuentran justificaciones para su proceder.
La moción aprobada es, también, un ejercicio de coherencia. Si Costa Rica expresa su repudio a los abusos de Venezuela, no debe dejar de hacerlo cuando la falta es de un país afín en materia de libertades cívicas. El diputado González fue consecuente, no así los legisladores que votaron la moción venezolana y negaron su apoyo a la estadounidense, entre ellos varios liberacionistas.
El Frente Amplio, por su parte, actuó con absoluta coherencia. No votó para condenar a Venezuela y más bien justificó la eliminación de la señal de CNN en Español. No podía, entonces, censurar el pecado mucho menor de la Casa Blanca. En la práctica, renunció a defender la libertad de expresión para mantener su alineamiento internacional con los “bolivarianos”. Eso pone de manifiesto la importancia de la moción del diputado González. Al aprobarla, la Asamblea Legislativa afirmó y renovó un compromiso con la defensa de los derechos humanos, sea donde sea y, ante todo, en Costa Rica.
El Congreso sería monumentalmente hipócrita si predicara para el extranjero valores y principios que no está dispuesto a defender en territorio nacional. Ese es el verdadero significado de la moción. Ojalá la clara comprensión de los valores democráticos implícita en la aprobación de la iniciativa del diputado liberacionista sea una constante en nuestra Asamblea Legislativa.
