El Sinaes es esencial para garantizar la calidad de carreras, pero no basta con su trabajo

 12 septiembre, 2014

El valor de la educación, como fuente de realización y superación personal, está íntimamente ligado, y con toda razón, a las convicciones de la mayoría de los costarricenses y se ha convertido en parte de la identidad nacional. La necesidad de que el dinamismo de nuestra economía se asiente cada vez más en la creación de valor a partir de la innovación, el conocimiento y la destreza de los recursos humanos es una estrategia central de nuestro modelo de desarrollo. Y la certeza de que, para avanzar en estos objetivos, contemos con una educación superior pertinente, eficiente y de calidad, es de sobra compartida.

Sin embargo, debemos reconocer una realidad en extremo preocupante y que es imperativo modificar: el lamentable nivel de calidad general de muchas universidades y carreras. Entre los efectos de este problema nacional están la frustración –incluso estafa– de muchos jóvenes, su marginación de los sectores más dinámicos de la economía, que, por su carácter privado, pueden discriminar en función del tipo de educación, universidades de procedencia y capacidades, y la concentración de estos graduados en instituciones estatales, que tienen muchas más limitaciones para discriminar entre los oferentes a la hora de decidir sobre el empleo. Como resultado, todos perdemos, incluida la capacidad competitiva del país.

Una de las modalidades para atender y, en parte, superar este desafío es la acreditación de las carreras universitarias, con base en la decisión voluntaria de las instituciones, en criterios básicos de calidad para valorarlas, y en su aplicación por expertos independientes en la materia, de procedencia tanto nacional como internacional. Tal es, en esencia, el modelo que aplica el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

Surgido en 1999, gracias a un convenio entre cuatro universidades estatales y cuatro privadas, en mayo del 2002 el Sinaes se convirtió en una institución acreditadora oficial. En el 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal que lo fortaleció financieramente, amplió su ámbito de acción a las entidades parauniversitarias, y abrió al Estado una mayor capacidad para que los graduados de carreras acreditadas tuvieran una mínima ventaja en los procesos de contrataciones profesionales.

A pesar de lo anterior, solo 19 de los 63 centros de enseñanza superior existentes en el país se han afiliado al Sinaes y están participando en los procesos de acreditación de carreras. Entre ellos se encuentran las cuatro universidades públicas que conforman el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Es decir, tal como destacó una información que publicamos el pasado miércoles, un 70% no se ha incorporado al sistema, y todas ellas son privadas, a excepción de la Universidad Técnica Nacional, también estatal, que ya valora su adhesión.

Como parte de los argumentos para permanecer fuera del Sistema, algunos centros privados aducen que el costo de la acreditación es muy alto. Más bien, ocurre lo contrario, si se tiene en cuenta la necesidad de que el proceso se realice conforme a los más altos estándares posibles, lo cual demanda recursos. Nos tememos que, tras esta justificación, más bien se esconde un problema de mayor magnitud: muchas universidades privadas no tienen ni la dimensión, ni los recursos (bibliotecas, laboratorios, aulas, cuerpos docentes estables, régimen académico o programas de extensión), ni la voluntad, ni los niveles básicos de calidad para su desempeño, y saben que no están en capacidad de acreditar carreras.

Tras este problema, se esconde otro, relacionado con políticas públicas: las normas que fijan los requisitos para autorizar, regular y examinar el desempeño de las universidades privadas, y la institución encargada de velar por su aplicación, en esencia, han fracasado. Suena muy duro decirlo, pero no sería responsable ocultarlo. La institución a la que nos referimos es el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). Bajo su mirada en extremo tolerante se han creado y siguen funcionando instituciones educativas llamadas “universidades”, pero que están muy lejos de serlo realmente. Los títulos que ofrecen no acreditan una calidad mínima de sus profesionales; sin embargo, tienen el mismo valor legal de las mejores, no importa si las carreras están acreditadas o no.

Consideramos urgente que, además de impulsar cada vez con mayor dinamismo los procesos de acreditación voluntaria que es la razón de ser del Sinaes, el Estado se dé a la tarea de reestructurar radicalmente, con responsabilidad, transparencia y criterios de excelencia, la institucionalidad que rige el funcionamiento de las universidades privadas. Es una tarea verdaderamente estratégica, que no debe postergarse más.

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