Los abusos en el transporte público se han convertido en una vergüenza nacional, por lo frecuentes y por lo impunes

 3 mayo

El acoso sexual en el transporte público se ha convertido en una vergüenza nacional, por lo frecuente y por lo impune. No faltan leyes ni es poca la severidad de los castigos. Un tocamiento puede acarrear una condena a prisión de entre dos y ocho años. Las agresiones verbales pueden constituir contravenciones castigadas con un mes de cárcel.

Este año, los tribunales han dictado dos condenas superiores a tres años de cárcel, es decir, sin posibilidad de ejecución condicional de la pena, contra hombres hallados culpables de tocar a usuarias de autobuses y trenes. Durante el segundo semestre del 2016, apenas hubo una decena de denuncias por abusos de esa naturaleza en el transporte público.

Las condenas y denuncias son muy pocas en comparación con la avalancha de agresiones. Alexánder Arronis, jefe de la Unidad de Delitos Sexuales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó a este diario que los abusos en el transporte público son comunes, pero las víctimas no acuden ante las autoridades, sea por temor o por falta de confianza en el resultado de la queja.

La situación es inadmisible y exige una reacción contundente. El problema comienza por la falta de procedimientos establecidos en las empresas de transporte público. Quince compañías autobuseras han comenzado a capacitar a su personal para reaccionar de manera adecuada ante los abusos. Son pocas en comparación con la cantidad de líneas existentes.

Para estimular la capacitación y actualización de los conocimientos necesarios, las autoridades del transporte público deberían explorar la posibilidad de informar a los usuarios sobre las empresas cuyos propietarios se comprometen con la lucha contra el acoso. Comprobada la voluntad de colaborar, esas líneas deben recibir una certificación que pueda ser exhibida en los buses, junto con anuncios dirigidos a los pasajeros sobre la forma de reaccionar y denunciar.

Combatir los abusos es un objetivo tan importante como para incorporarlo a las valoraciones tarifarias. Ninguna empresa debería ser indiferente ante el fenómeno delictivo y mucho menos una compañía de transporte estatal, como el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Si bien el número de empresas privadas de autobuses decididas a contribuir es todavía escaso, en el Incofer no hay siquiera una orientación al personal sobre la mejor forma de atender los casos.

Aparte del temor, los procesos judiciales prolongados, con resultados inciertos por la desaparición de testigos y otras pruebas según pasa el tiempo, explican la escasez de denuncias. Pero los abusos cometidos en el transporte público deberían ser fáciles de tramitar mediante los procedimientos de flagrancia, si tan solo hubiera claridad sobre la reacción más adecuada. La capacitación del personal de transporte público es importante para brindar respaldo a la víctima y procurar la ayuda necesaria para llevar a los abusadores ante la justicia.

Aparte del personal de las empresas de transporte y las propias víctimas, otro elemento importante para la represión de los abusos son los demás pasajeros. Toda persona, especialmente toda mujer, está en riesgo de sufrir situaciones de este tipo. Es un deber de todos contribuir a evitarlas. La indiferencia, el no involucrarse, es un estímulo para el delito. Los delincuentes actúan a partir de la presunción de su propia impunidad. La certeza de delito es la mejor disuasión.

El problema se presenta también en el servicio de taxis y otros medios de transporte, como Uber. También a ellos es preciso reclamarles una actitud proactiva, más allá de la insatisfactoria reacción de los taxistas, que dicen estar imposibilitados de hacer más que suspender las llamadas al involucrado, o la reacción de Uber, que no revela el protocolo vigente para lidiar con semejantes situaciones.

Es hora de emprender una campaña, tratando de concertar esfuerzos de todos los involucrados, para ponerles fin a estas agresiones. Es necesario hacerlo en defensa del derecho de todos a circular libremente y sin preocupaciones por los sitios públicos. Al Estado le corresponde tomar el liderazgo.