La transición de un modelo rehabilitador, tal y como se entendió hasta la década de 1980, a uno inclusivo ha sido lenta y llena de obstáculos

 11 marzo, 2014

Aunque instrumentos internacionales como las convenciones del Niño y de las Personas con Discapacidad consagran el acceso a la enseñanza y a los servicios en condiciones de igualdad y calidad, ha sido muy difícil asegurar la plena vigencia de estos derechos. A pesar de los ingentes esfuerzos, dos décadas después de que Costa Rica adoptara la educación inclusiva, el Estado sigue siendo reacio a flexibilizar sus prácticas y a ofrecer oportunidades diferenciadas y, a la vez, equitativas a esta población.

Damos por descontado que vivimos en un país pobre en el que los recursos son reducidos, lo cual reactualiza permanentemente el desafío de conciliar el interés general con las necesidades particulares y específicas de las personas con discapacidad y sus familiares.

El año pasado, la Sala Constitucional aceptó un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes contra el Ministerio de Educación Pública (MEP), debido a que el Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, Monteverde, no contaba con una oferta académica adaptada a estos usuarios. Los alumnos no podían continuar la secundaria en su comunidad ni en otro centro, ya que el más cercano, el Liceo de Chomes, se encuentra a 30 kilómetros de distancia.

En un reportaje reciente, La Nación recogió una serie de conmovedores testimonios de madres en remotas zonas rurales cuyo clamor debe ser atendido, aun cuando solo sean una parte del problema de la educación especial en Costa Rica. Sin ninguna ayuda económica y, en algunos casos, sin pareja ni apoyo de nadie más, ellas viajan hasta siete horas, varios días a la semana, para llevar a sus hijos a un Centro de Enseñanza Especial (CEE).

Entre 1939 y el 2003, Costa Rica creó 25 CEE en cabeceras de cantón o de provincia. A partir de ese momento el país se adhirió a los lineamientos de la educación inclusiva, tal y como se establece en la Declaración de Salamanca (1994): “El principio fundamental que rige a las escuelas es que todos los niños deben aprender juntos, siempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus dificultades y diferencias. Las escuelas deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y garantizar una enseñanza de calidad”.

El artículo de La Nación no solo desnuda el drama humano de este sector, sino que también revela las dificultades de un sistema que, a pesar de sus encomiables objetivos, presenta una alta concentración en el área metropolitana y una escasa voluntad de adaptación a la realidad rural. Estos grupos tampoco reciben información pertinente y oportuna sobre los subsidios que ofrece el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) o el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree).

Además, es entre las personas con discapacidad donde hay mayor pobreza y problemas de desempleo, justamente como consecuencia de su situación. Por lo tanto, si reunimos estas tres condiciones –discapacidad, zona rural e insatisfacción de las necesidades básicas–, es probable que nos encontremos con el grupo más vulnerable del país.

La transición de un modelo rehabilitador, tal y como se entendió hasta la década de 1980, a uno inclusivo ha sido lenta y llena de obstáculos. Es interesante señalar que, a costa de un enorme sacrificio personal, las madres entrevistadas por La Nación prefieren acudir a los CEE que a aulas integradas, o recurrir a docentes itinerantes, que son escasos y poco disponibles. “La verdad, no hacíamos casi nada porque él no habla, no se mueve, no oye... ¡En fin! Yo me quedaba por horas acompañándolo hasta que la maestra ya se quedaba sola con él, y lo único que hacíamos eran rayones; tenía muy poco avance”, dijo una de ellas.

Aunque este tema da para otro editorial, es oportuno recordar que numerosos estudios demuestran que, en Costa Rica, la formación de los docentes para atender a los estudiantes con discapacidad es limitada, y que, en algunos casos, carecen de los más mínimos recursos para impartir modalidades de enseñanza adecuadas.

El estudio “Desarrollo y desafíos de las adecuaciones curriculares en el sistema educativo costarricense” (2012), del IV Estado de la Educación, advierte que el país aún se encuentra lejos de “estrategias de atención educativa a la diversidad”, e insiste en que “el MEP debe velar por que los servicios de apoyo, con visioìn inclusiva y de calidad, alcancen tambieìn a los servicios de secundaria y a las zonas rurales maìs alejadas de la Gran Aìrea Metropolitana”.

También recomienda la apertura de nuevas sedes del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec) “en las regiones más alejadas y rurales del país”, ya que en la actualidad solo hay cuatro.