Si en la Administración Pública existe algún puesto digno de ser calificado como “de confianza”, ese puesto es el de policía

 1 julio, 2015

La prensa acaba de dar cuenta de dos casos de abuso policial, todavía sujetos a investigación, pero de gravedad suficiente para lesionar la confianza depositada en los funcionarios involucrados. Un policía, bajo fundada sospecha de vapulear a un indigente o de arrestar a una persona con el solo fin de intimidarla, no debe permanecer en el cargo más tiempo del necesario para ejecutar una rápida indagación administrativa.

Los policías, sin duda, tienen derechos, pero su delicada función representa un grave riesgo para la comunidad si no se ejerce con absoluto respeto de los derechos de los demás. Es un caso de servicio público donde la duda razonable aconseja la separación expedita del cargo, pero en nuestro país el complejo procedimiento administrativo pocas veces culmina en un despido oportuno. Las investigaciones se prolongan por años, en el curso de los cuales la única medida de prevención posible es la suspensión con pago de salario o el traslado a funciones administrativas.

En el centro de San José, una cámara de video captó el vapuleo de un indigente por dos policías municipales. Lo empujaron y lo lanzaron varias veces contra una malla metálica por no someterse a la revisión practicada a diario a la salida de un dormitorio creado para dar albergue, durante las noches, a quienes viven en la calle. Otros dos policías presenciaron el abuso sin intervenir para evitarlo.

Marcelo Solano, director del cuerpo policial, vio la filmación y constató la veracidad de los hechos. Describió lo visto como “falta de serenidad, de respeto a los ciudadanos y de sentido común”. La carencia de estas tres cualidades debería bastar para el despido, pero la Policía Municipal está sujeta a las normas aplicables a otros funcionarios y, en consecuencia, ordenó una investigación para trasladar cargos y abrir un procedimiento administrativo.

El jefe policial entiende la necesidad de evitar que los cuestionados se acerquen al público. Por eso, los mandó de vacaciones pero, seguramente, estarán de vuelta antes de culminar el proceso administrativo.

En esos casos, la solución frecuente es asignar a los cuestionados a labores de escritorio o suspenderlos con goce de salario, no obstante la solidez de la prueba en su contra.

En Quepos, el jefe del Organismo de Investigación Judicial fue presentado ante los tribunales por el supuesto arresto arbitrario de tres extranjeros con intención de intimidarlos en conexión con una disputa por bienes raíces. Los detenidos permanecieron 45 minutos en las celdas del OIJ, sin motivo alguno.

De acuerdo con el criterio de Jorge Chavarría, fiscal general, los acontecimientos presentan “un panorama muy irregular”, porque en el arresto participó un particular y a los detenidos se les retuvo mientras se hacía una consulta a la Policía Internacional (Interpol), pero se les liberó, sin haber recibido respuesta a la supuesta consulta, cuando uno de ellos logró contactar con un abogado.

“Tenemos claro que la detención fue para la satisfacción de un fin privado y no de un fin público, pero no puedo ahondar en esos detalles”, dijo el jefe del Ministerio Público. El caso está en los tribunales y la Inspección Judicial abrió un proceso administrativo.

En la Fuerza Pública, las denuncias por corrupción y abuso de autoridad se cuentan por cientos todos los años y los jerarcas han expresado frustración por la imposibilidad de destituir a personas “nocivas para la institución”, como dijo en su oportunidad Juan José Andrade, director del cuerpo policial.

Si en la Administración Pública existe algún puesto digno de ser calificado como “de confianza”, ese puesto es el de policía. A los oficiales se les confiere autoridad, se les franquean las puertas de las casas y se les permite hacer detenciones, entre otras delicadas facultades. El daño a la credibilidad de la Policía es enorme cuando un agente pierde esa confianza, para no mencionar la gravedad de las posibles consecuencias para sus víctimas.

Las regulaciones sobre la destitución de policías no deben ignorar esas circunstancias particulares del cargo. Es preciso contar con normas más flexibles. La ampliación de las facultades de despido implica riesgos, pero vale la pena asumirlos en aras de prevenir peligros mayores.