Opinión

EDITORIAL

Vía costarricense

Actualizado el 27 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

El documento del grupo del expresidente Figueres se diferencia del anuncio inicial por la concreción, la renuncia a aspiraciones políticas inmediatas y la apertura

La apertura del “plan país” es encomiable mientras esté orientada por el arte de identificar los acuerdos posibles y no por el prurito de obtener improbables consensos

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El equipo de trabajo integrado en torno al expresidente José María Figueres para impulsar la iniciativa bautizada “Vía costarricense” presentó ayer su primer informe, con la promesa de añadir otros en los meses venideros. El documento se diferencia del anuncio inicial del “proyecto país” en tres aspectos fundamentales: la concreción, el distanciamiento de aspiraciones políticas inmediatas y la apertura.

En esta oportunidad, hay un planteamiento específico, estructurado en torno a siete iniciativas fundamentales: el fortalecimiento de los valores, la recuperación de la confianza, el protagonismo ciudadano como medio para revitalizar la democracia, la reorganización territorial, la independencia del petróleo en el plazo de 15 años, la explotación masiva de la energía solar y la adopción de un modelo de desarrollo apto para combatir el cambio climático.

Cada iniciativa se desglosa en acciones concretas y el planteamiento no renuncia a señalar posibles medios de ejecución. Los autores prometen nuevos planteamientos del mismo corte, pues visualizan la iniciativa como un proceso y no como una propuesta consumada con la primera entrega.

La segunda diferencia está en la decisión del exmandatario, sobrevenida entre el anuncio del “proyecto país” y la presentación del primer informe, de renunciar a la formalización de una precandidatura en el Partido Liberación Nacional. El distanciamiento de la política electoral insufla al proyecto una credibilidad difícil de conseguir mientras existieran dudas sobre su posible aplicación al diseño de una plataforma política para el eventual gobierno figuerista.

El exmandatario puede estar pensando en una candidaturaen el futuro y tiene derecho a hacerlo, pero la ausencia de aspiraciones inmediatas le abre la posibilidad de establecer alianzas con iniciativas similares e incrementa el poder de convocatoria del “proyecto país”. De allí se desprende, también, la tercera diferencia entre el anuncio inicial y el planteamiento de ayer. El documento declara la necesidad de construir esas alianzas y conseguir acuerdos básicos sobre los temas enunciados.

Existen inquietudes similares en otros sectores de la política y la sociedad civil. Hay, también, amplias coincidencias sobre la dificultad de resolver el estancamiento político por la acción legislativa cotidiana. La posibilidad de optar por un cambio más radical, mediante la convocatoria a una constituyente, suscita recelos que la hacen improbable.

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La solución podría estar en el mecanismo del referéndum, como lo sugiere el documento. Bien planteada, la consulta popular podría convertirse en un impulso, desde fuera, para las instituciones políticas víctimas de parálisis. El referéndum propuesto por “Vía costarricense” se centra en la gobernabilidad y tendría, entre otros objetivos, la reforma del reglamento legislativo, un buen ejemplo de los problemas que se plantean como intratables desde dentro del aparato institucional.

El reglamento es objeto de discusión desde la época del bipartidismo. Sobrevive, como problema, merced a los intereses inmediatos de fuerzas políticas vigentes en cada momento. Cuando cualquiera de los dos partidos en liza a fines del siglo lograba la Presidencia, la reforma se le convertía en altísima prioridad, y el contrario asumía la tarea de impedir el cambio. En el contexto político complejo surgido del derrumbe del bipartidismo, la reforma se hace todavía más difícil.

Valga el ejemplo, además, para señalar la importancia de la discusión previa en busca de acuerdos. Ese diálogo constituye el momento clave y conlleva el riesgo de incorporar al proceso los prejuicios e intereses cuyo efecto paraliza la acción legislativa cotidiana. Grupos opuestos a reformar un reglamento útil para potenciar irracionalmente su capacidad opositora participarán en el diálogo con el fin de defender esas facultades, no para renunciar a ellas en provecho de la gobernabilidad.

La apertura del “plan país” es encomiable mientras esté orientada por el arte de identificar los acuerdos posibles y no por el prurito de obtener improbables consensos. Saber hasta dónde la participación de determinados grupos y la inclusión de ciertos temas es posible sin desnaturalizar o abandonar las iniciativas fundamentales es una fina ecuación política.

Tarde o temprano, los grupos dispuestos a coligarse en favor del “sí” deberán decidir cuáles acuerdos básicos son indispensables y valen lo necesario para justificar el alejamiento de sectores en desacuerdo y cuáles deben quedar en el tintero para no amenazar la unidad necesaria y suficiente.

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