Opinión

EDITORIAL

Urgente acción legislativa

Actualizado el 28 de octubre de 2014 a las 12:00 am

La solución capaz de disipar la incertidumbre en torno a las pensiones complementarias está en la corriente legislativa desde agosto del año pasado

El Congreso no debe tardar en aprobarla, para despejar los temores y frenar el daño a una medida de seguridad social cuya importancia aumentará en el futuro

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Un fallo del Tribunal Fiscal Administrativo corrigió, parcialmente, la injusticia cometida durante la pasada Administración contra los regímenes voluntarios de pensiones. La Dirección General de Tributación Directa había decidido aplicarles el impuesto sobre la renta, aunque la Ley de Protección al Trabajador siempre tuvo la intención de estimular el ahorro para compensar el deterioro de los beneficios concedidos por otros regímenes, en particular el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Como el Estado no puede garantizar el valor futuro de las pensiones del IVM, invitó a los costarricenses a ahorrar por su cuenta, con el incentivo de una exención impositiva. Una década más tarde, las autoridades tributarias recordaron la existencia de una ley anterior, aprobada para poner coto a las pensiones de lujo, que estableció la sujeción de las jubilaciones al impuesto sobre la renta, sin exceptuar a los regímenes voluntarios, que en ese momento no existían.

Los creadores de la Ley de Protección al Trabajador nunca tomaron en cuenta aquella ley, como tampoco lo hizo el Estado durante los primeros diez años de vigencia de los regímenes voluntarios. Sin embargo, han repetido hasta la saciedad que siempre tuvieron la intención de mantener esas pensiones libres del gravamen.

La conducta del Estado durante los primeros diez años confirma aquellas intenciones, que también encuentran apoyo en la lógica. Si el propósito era estimular a los costarricenses a ahorrar para suplirse a sí mismos lo que el Estado no podría darles, es absurdo amenazarlos con retirar el incentivo al final del camino, cuando más falta hace el ahorro acumulado.

El fallo del Tribunal Fiscal Administrativo no consiguió rectificar el desacierto por completo. Estableció que, cumplidos los 57 años, el trabajador puede retirar la totalidad de los fondos sin pagar el impuesto. Si se decide por una pensión mensual, que es el propósito de la ley, sí debe cancelar el tributo.

La situación resultante es contraria a los buenos propósitos de la ley, porque estimula el retiro total, no la pensión, pero, cuando menos, aleja el espectro de perder el 15% de lo ahorrado con sacrificio durante largos años. Después de los 57 años, el dinero está disponible en su integridad, aun para quien posponga el retiro y siga ahorrando.

Sin embargo, la Dirección de Tributación decidió perturbar esa tranquilidad y recurrió al Juzgado Contencioso Administrativo para intentar la anulación del fallo del Tribunal Fiscal. Si lo logra, la derrota de las mejores intenciones de la Ley de Protección al Trabajador será total, porque se estimulará el retiro de los fondos antes de cumplir 57 años, para no ahorrar un solo día más.

La Ley de Protección al Trabajador no estableció explícitamente la exención del impuesto sobre la renta, pero reguló los retiros antes de cumplir los 57 años. En esos casos, el trabajador debe devolver una parte del incentivo fiscal recibido en los años precedentes al retiro anticipado.

El porcentaje se calcula según la edad. Así, por ejemplo, un trabajador con 56 años y seis meses de edad puede retirar sus ahorros del fondo voluntario con solo devolver el 10% del incentivo fiscal recibido, que podría rondar el 0,5% de sus ahorros. Si espera a cumplir los 57 años y la Dirección de Tributación logra imponer su tesis, se le cobrará el 15% de impuesto sobre la renta.

La solución, como es obvio, es retirar la totalidad de los fondos antes de cumplir 57 años, pagar a tributación el 0,5% y dejar las intenciones de la Ley de Protección al Trabajador en letra muerta, quizá abonando al futuro problema social de la vejez desvalida. El absurdo apenas merece comentario. Sobra decir, también, que, mientras la demanda de Tributación pese como una espada de Damocles sobre las pensiones voluntarias, la incertidumbre estimula el éxodo de afiliados. Más de 14.000 personas retiraron sus fondos, por completo, en los últimos cuatro años.

La solución definitiva, capaz de disipar la incertidumbre y dar plena vigencia a la visionaria Ley de Protección al Trabajador, está en la corriente legislativa desde agosto del año pasado. La planteó uno de los diputados que dio su voto, en el 2000, para aprobar la ley, siempre en el entendido de que las pensiones voluntarias están exentas del impuesto sobre la renta.

El socialcristiano Wálter Céspedes, en su segundo periodo como diputado, salió al paso de las pretensiones de la administración tributaria y planteó un proyecto de ley consistente en un solo artículo, el 71 bis de la Ley de Protección al Trabajador, para declarar: “Las prestaciones o beneficios derivados del Régimen Obligatorio y Voluntario de Pensiones Complementarias previstos en esta ley estarán exentos de toda clase de tributos, ya sean impuestos, tasas, contribuciones u otros”.

La reforma cuenta con el apoyo de la Superintendencia de Pensiones y, también, de la justicia y la sensatez. El Congreso no debe tardar en aprobarla, para despejar la incertidumbre y frenar el daño a una medida de seguridad social cuya importancia aumentará según envejece la población nacional y el IVM sufre desgaste.

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