EscucharEn el 2018, cuando la concesionaria APM Terminals comience a operar el megapuerto de Moín, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) percibirá $12,5 millones correspondientes al 7,5% de los ingresos de la empresa holandesa. El monto crecerá con las operaciones del puerto, que en siete años pasará de manejar 700.000 contenedores a 1,25 millones, casi el doble.
Los diputados Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, y Danny Hayling, de Liberación Nacional, se apresuran a exigir la inversión del dinero en obras de desarrollo de la provincia. Parece lógico e inevitable, pero la experiencia justifica los temores expresados por ambos legisladores de un eventual uso de los fondos para sostener privilegios de convenciones colectivas y otros medios de compensación.
La ironía sería extraordinaria. La riqueza creada por el megapuerto iría a los bolsillos de quienes lo combatieron hasta el último momento y no de la comunidad, única con derecho a disfrutar los beneficios de las nuevas instalaciones. Los $12,5 millones del primer año superan, más de tres veces, las utilidades de Japdeva en el 2015 ($3,9 millones).
La institución porteña tiene 1.465 empleados, un porcentaje muy bajo de la población limonense, y el año pasado destinó ¢10.352 millones al pago de los beneficios de su convención colectiva, es decir, cerca de $19 millones. El megapuerto restará a Japdeva la movilización de contenedores y se estima una caída en los ingresos directos de la institución cercana al 40%. El faltante dificultará mantener los excesivos beneficios de la actualidad.
La alarma de los diputados está plenamente justificada, en especial porque no hay claridad sobre los proyectos por desarrollar con los ingresos del megapuerto. APM también pagará un canon de $1,7 millones a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y destinará otros $800.000 a la Municipalidad de Limón, según los cálculos establecidos para el inicio de las operaciones.
Japdeva tiene planeado manejar los fondos mediante un fideicomiso, posiblemente con el Banco Nacional de Costa Rica o el Instituto Nacional de Seguros, pero la intervención de esas entidades financieras solo ofrece garantías si la voluntad del dueño de los recursos se encamina al cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Recientemente, el Banco Nacional decidió finiquitar el fideicomiso establecido para administrar los fondos provenientes de la concesión portuaria de Caldera.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) debe destinar el dinero a la construcción de infraestructura turística en la provincia de Puntarenas, pero, según el banco, el objetivo no se está cumpliendo, pues la línea de crédito habilitada no se utiliza y se han convertido en una “caja chica”, en detrimento de la asesoría financiera y administrativa que es función primordial de la unidad gerencial creada para ejecutar las obras.
En Limón, el inventario de necesidades urgentes está bien establecido. Algunas fueron incorporadas al fallido programa Ciudad Puerto y otras figuran en el Plan regional de competitividad 2012-2022. El diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, propone, además, la construcción de un nuevo hospital y Solís plantea la posibilidad de construir un ferrocarril de carga entre Chilamate de Sarapiquí y Moín.
Las ideas abundan, pero no la planificación y el sentido de urgencia. La inauguración del megapuerto está a la vuelta de la esquina. Es preciso empezar a trabajar en la formulación de proyectos concretos para estar preparados en el 2018, especialmente porque existe la posibilidad de ejecutar obras financiándolas con base en los flujos de capital esperados. No debe haber dilaciones, ni en la definición del destino del dinero ni en la concreción de las obras.
