Opinión

EDITORIAL

Transparencia legislativa

Actualizado el 13 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

El voto parlamentario nominal, expresado pública y personalmente para que conste en un registro histórico bien sistematizado, es esencial para la democracia

El reglamento todavía contempla demasiadas oportunidades para ejercer el voto secreto y el sistema ordinario impide el registro adecuado

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Una fotografía de la pizarra electrónica del Parlamento catalán ilustra las notas periodísticas publicadas en todo el mundo sobre la votación celebrada para pronunciarse sobre la pertenencia de la región a España. En la pizarra, los colores distinguen la posición asumida por cada diputado y hay un resumen del resultado general: votos a favor, en contra, abstenciones y número de legisladores presentes.

Cada cual acepta su responsabilidad histórica, en este caso muy grave, de cara al electorado y al mundo. El resultado es transparente, y pasar de la pizarra al registro electrónico de cada voto, con fines de archivo y posterior escrutinio del historial de cada diputado y partido, es un ejercicio sencillo. Todos responderán, en el futuro, por las posiciones asumidas.

Además de transparente, el sistema es profundamente democrático. El sufragio solo puede ser ejercido a conciencia cuando los electores disfrutan de la información necesaria, actual e histórica. El voto de futuros aspirantes a la reelección y el comportamiento histórico de los partidos políticos se convierte en materia del debate electoral, elevando su madurez y significado.

Hay en el mundo muchos ejemplos de sistemas de registro similares. Las ausencias y los votos no emitidos por el senador Marco Rubio, uno de los favoritos en la lucha por la candidatura del Partido Republicano en los Estados Unidos, son objeto de intenso debate. Sus rivales, con fácil acceso al historial del Senado, encontraron allí un flanco débil.

En el curso de un debate, el también aspirante Jeb Bush le señaló a Rubio la importancia de presentarse a trabajar. El Senador respondió preguntándole por qué se abstuvo de formular la misma crítica contra John McCain, candidato republicano en el 2008. Rubio contaba con datos precisos sobre el ausentismo del excandidato, tanto como Bush tenía a su alcance los números utilizados para el ataque.

El registro de los votos es tan preciso como el de las ausencias, y en múltiples oportunidades los aspirantes a la candidatura presidencial de los dos grandes partidos estadounidenses han reclamado a los contrarios la posición asumida en uno u otro caso de interés para los votantes, entre ellos la resolución de apoyo a la guerra de Irak, hace una docena de años.

En nuestro país, la idea del registro y archivo individualizado surge con alguna frecuencia, pero no se materializa. En el 2013, la Comisión de Reglamento de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto para establecer el voto electrónico y el registro pormenorizado, entre otras reformas a los procedimientos parlamentarios. La propuesta recogía una inquietud planteada desde hacía muchos años y autorizaba a la administración a disponer del presupuesto necesario para contratar el sistema, pero no prosperó.

En dirección opuesta a la transparencia y rendición de cuentas proporcionadas por el registro electrónico, el reglamento legislativo todavía contempla demasiadas oportunidades para ejercer el voto secreto. Cuando es público, como en el caso de las votaciones ordinarias, los diputados manifiestan su acuerdo poniéndose de pie. La presidencia hace el conteo y da el asunto por aprobado o rechazado, pero los ciudadanos no pueden estar presentes ni la prensa puede informar siempre quién se puso de pie y quién permaneció sentado. La importancia de un voto puede no ser evidente en el momento, pero sí en el debate público futuro. Por eso es vital el registro.

El voto nominal, expresado pública y personalmente para que conste en un registro histórico bien sistematizado y fácil de consultar, obliga a cada legislador a asumir a plenitud su responsabilidad política, permite a los electores exigir la rendición de cuentas y aviva el debate democrático. No hay razones siquiera remotamente válidas para posponer su adopción.

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