Opinión

EDITORIAL

Transparencia en el Congreso

Actualizado el 29 de enero de 2015 a las 12:00 am

El diputado Rafael Ortiz impulsa una reforma al reglamento legislativo para dejar constancia, en el plenario y en las comisiones, del voto emitido por cada legislador

Los mecanismos establecidos para limitar la publicidad, lejos de proteger la independencia de los legisladores, crean oportunidades para la componenda

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El diputado Rafael Ortiz, jefe de fracción del PUSC, impulsa una reforma al reglamento legislativo para dejar constancia, en el plenario y en las comisiones, del voto emitido por cada legislador. La propuesta es un acierto a favor de la transparencia, pero no solo importa saber cómo votaron los representantes populares cada proyecto, sino también la posición adoptada en otras materias, como la elección de altos cargos, incluido el Directorio de la Asamblea Legislativa.

El reglamento no debe dejar espacio para las maniobras del 1.° de mayo del 2011, cuando el partido de gobierno insistió en el voto secreto para favorecer a su papeleta. La presidencia liberacionista de aquel Congreso dispuso que los diputados abandonaran la curul para votar en una urna, sin posibilidad de revelar su preferencia. La oposición, hoy gobierno, logró la victoria, pero protestó con vehemencia contra las medidas adoptadas para garantizar el voto secreto.

El reglamento no califica expresamente como secreto el voto para elegir el Directorio y otros cargos. Se limita a disponer que las papeletas no sean firmadas. La norma protege el derecho del diputado a votar en secreto, pero no lo obliga a hacerlo, como correctamente lo interpretó la oposición aquel 1.° de mayo.

Sin embargo, tampoco es sano repetir las charadas del pasado, cuando los legisladores se mostraban uno al otro la papeleta marcada para certificar su fidelidad a la línea de partido. Mejor pronunciarse, de una sola vez, por la transparencia y dificultar así las negociaciones oscuras, tan frecuentes los primeros de mayo.

La transparencia impulsada por el diputado Ortiz quedaría bien servida, si el reglamento excluye, de una vez por todas, la posibilidad de artificios semejantes, pero no es indispensable el cambio para comenzar a practicar la apertura en muchos casos de importancia.

El reglamento prescribe expresamente la votación secreta en solo dos circunstancias, contempladas en los artículos 68 y 101. El primero la exige en el seno de las comisiones legislativas, para elegir presidente y secretario. El segundo establece, taxativamente, las demás situaciones de reserva: “Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores”.

Los dos artículos son cuestionables y haría bien el diputado Ortiz, si los incluye en su iniciativa a favor de la transparencia, pero, no existiendo otros mandatos de voto secreto, el Congreso podría, desde ahora, conducirse, en los demás casos, por el camino más soleado.

Eso no resta importancia a los esfuerzos del diputado Ortiz para promover el voto nominal, que permite documentar cómo votó cada cual. El sistema de votación ordinaria practicada en la actualidad dificulta a los ciudadanos saberlo. En la votación ordinaria, los diputados manifiestan su aprobación poniéndose de pie y, luego de contarlos, la Presidencia da el tema por aprobado o rechazado. Es necesario estar presente y contar rápido para saber quién se puso de pie y quién permaneció sentado. En consecuencia, no existe un registro histórico de votación parlamentaria contra el cual valorar la gestión de nuestros representantes.

Es preciso establecer, sin ambigüedades, la publicidad del voto en todos los casos, así como adoptar su ejercicio nominal. Ningún diputado debe temerle al voto de cara a la ciudadanía. Los mecanismos establecidos para limitar la publicidad, lejos de proteger la independencia de los legisladores, crean oportunidades para la componenda y los acuerdos bajo la mesa.

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