El presidente Luis Guillermo Solís, en declaraciones brindadas a La Nación la semana pasada, manifestó que habrá recortes en el presupuesto ordinario de la República para el 2016, pero no puntualizó cuáles serían esos recortes. Se limitó a decir: “Los recortes serán sumamente fuertes para dar fe de la voluntad del Gobierno de no quitarle prioridad al tema del gasto público”. De concretarse, sería muy positivo. Pero no hay que caer en el error de pensar que, con eso, se arreglarían los problemas de fondo. Podría ser una trampa fiscal.
El presidente ha venido insistiendo en que ya ha dado suficientes muestras de austeridad y que ahora corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el paquete de impuestos y otras leyes conexas para incrementar la recaudación. Lo dijo en respuesta a la recomendación del expresidente Arias y lo repitió con más vehemencia luego de su reunión con el expresidente Abel Pacheco, quien también recomendó trabajar más fuertemente en los recortes fiscales antes de pensar en nuevos tributos. Los dos expresidentes fueron muy claros: hay que rebajar el gasto público.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, también aseguró la semana pasada que el Fondo Monetario Internacional (FMI) les ha recomendado conjugar el déficit mediante una reducción equivalente a una tercera parte del total mediante recorte de gastos y dos terceras partes con nuevos ingresos. Y al ser cuestionado por nuestro periodista agregó que los diputados que pretendían mayor austeridad debían decirle dónde recortar.
Esa actitud revela con toda precisión tres cosas preocupantes: que los eventuales recortes al presupuesto del 2016 serán cosméticos; que tampoco serán sostenibles en el tiempo, pues una vez recibidos los nuevos ingresos los gastos volverán a crecer como antes, o más; y que en el fondo no hay ninguna intención de entrarle a los disparadores recurrentes del gasto.
Para no caer en una trampa, los diputados deben tener mucho cuidado a la hora de legislar en materia fiscal. Tres deben ser las prioridades: primero, desmenuzar partida por partida el proyecto de presupuesto ordinario con el fin de evitar un crecimiento total superior a la inflación y asegurar que las partidas de sueldos y salarios y transferencias (en especial a las universidades) coincidan con ese incremento no superior a la variación registrada del IPC, y verificar que el incremento sea al salario total y no a la base. También deberían revivirse los fallidos recortes propuestos al presupuesto actual, incluidas horas extra, difusión y propaganda de todos los ministerios, asesorías complacientes, dedicación exclusiva y otras.
En segundo lugar, debe aprobarse una serie de leyes generales, separadas del presupuesto nacional, tendientes a racionalizar el empleo público, pluses salariales y transferencias para evitar que superen la inflación y los ingresos se destinen al pago de los conceptos ya citados. Igualmente debe legislarse para instruir a las juntas directivas de las instituciones autónomas renegociar las convenciones colectivas con criterios de carácter vinculante y resguardar los intereses del Estado.
Además, debe legislarse de manera efectiva para incorporar las denominadas reglas fiscales, en virtud de las cuales se impondrían límites cuantitativos al crecimiento del gasto total, tamaño y financiamiento del déficit, crecimiento de la deuda pública total (con sublímites a la expansión de la deuda externa), privilegiar la inversión sobre gastos ordinarios y otras normas que se han impuesto, por ejemplo, en la Unión Europea. Hace varios meses, el Ministerio de Hacienda solicitó asesoría técnica al BID para elaborar un proyecto de ley de reglas fiscales y dicho organismo estuvo anuente a brindarla. Pero, aparentemente, la iniciativa fue abortada por el Gobierno.
Una vez asegurada la sostenibilidad fiscal en el tiempo e impuestas penas graves a su incumplimiento vendría la tercera etapa: aumento y revisión de los gravámenes existentes, incluidos los impuestos sobre la renta y la transformación del impuesto sobre las ventas en otro al valor agregado. Pero solo después de haberse legislado profusamente en los dos primeros aspectos debería pensarse en esta tercera vía de reducción del déficit fiscal.