Opinión

EDITORIAL

Tortuoso camino de una ley inevitable

Actualizado el 26 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

El Congreso limitó, en el último minuto, la contribución del Estado a la próxima campaña electoral

La solución no es permanente y en el 2018 habrá un nuevo pulso, salvo que la Asamblea reforme, de una vez por todas, la Constitución

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La Asamblea Legislativa aprobó, en el último momento, la fijación de un límite más estricto a la contribución del Estado a la campaña política. La decisión es digna de encomio, pero el proceso para llegar a ella retrata la predisposición al inmovilismo, siempre de la mano del pulso político banal.

Edgar Ayales, ministro de Hacienda, ya había denunciado la imposibilidad de girar el 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) desafortunadamente fijado por la Constitución Política. Serían unos ¢43.000 millones y no hay de donde sacarlos. La opinión pública, totalmente alineada con la posición del ministro, clama por la moderación del gasto electoral.

Los partidos políticos reconocieron las limitaciones económicas del Estado, la impaciencia de la opinión pública y la extravagancia del gasto. Se comprometieron a actuar como si el límite fuera el 0,11% del PIB. Hasta ahí, no podía haber mayor acuerdo, pero faltaba perfeccionarlo.

El compromiso de palabra dejaba abierta la puerta para el incumplimiento, al calor de la campaña. Por otra parte, ninguno de los participantes en el acuerdo tenía forma de garantizar el cumplimiento de los demás. La formalización de las buenas voluntades solo podía cobrar firmeza con la aprobación de una ley.

El Partido Acción Ciudadana se había adelantado a proponer la iniciativa. A Liberación Nacional se le notó el deseo de no quedar rezagado y formuló una propuesta propia, consistente en añadir dos iniciativas a la adopción del límite del 0,11%: la emisión de bonos para utilizarlos como garantía en los bancos y la aceptación de donaciones de personas jurídicas, de bajo monto y en especie.

La propuesta descarriló el proceso, pese al pregonado acuerdo sobre el problema de fondo. Nunca lograron los liberacionistas explicar por qué su apoyo a la limitación de gastos quedó condicionado a la aprobación de las dos propuestas adicionales. Ya habían aceptado la necesidad de limitar el gasto, el ministro, imposibilitado de cumplir la exigencia constitucional, labora para un gobierno liberacionista y existe entre los votantes un firme rechazo al despilfarro.

Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña del PLN, intentó obviar la contradicción declarando cerrada la discusión sobre el límite de gasto, porque ya el PLN había manifestado su voluntad de apegarse al 0,11%.

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Sin embargo, el PLN no es el único partícipe en la contienda y, si no puede ofrecer, más allá de la palabra, garantía alguna de cumplimiento, menos puede dar certeza de la conducta de terceros.

Lavarse las manos y asignar a cada cual la responsabilidad del cumplimiento voluntario tampoco habría sido una solución aceptable, porque implica renunciar a la responsabilidad de normar la conducta de todos frente al problema, no de la deuda política, sino de las finanzas públicas.

La fijación legal del límite del 0,11% podía ser votada con independencia de las dos propuestas de última hora. La prueba suprema está en que eso fue precisamente lo sucedido anteayer. ¿Por qué, entonces, la dilación y las negociaciones sin sustancia, cuyo único producto fue la decisión de enviar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una consulta con respuestas de previo conocidas? Antes de comenzar la negociación, Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, ya había declarado la improcedencia de las dos propuestas liberacionistas. Por eso, Acción Ciudadana no planteó objeción al envío del pliego de preguntas.

Atrapado entre la negativa del TSE y la presión a favor de la limitación del gasto, al candidato liberacionista, Johnny Araya, no le quedó más remedio que declarar abierta la discusión cerrada un día antes por su jefe de campaña, y pedir a sus diputados apoyo para la ley impulsada por el PAC.

El país obtuvo el resultado deseable, pero el camino fue tortuoso y la solución, de último minuto. Para colmo de males, no es permanente. La ley vale para los próximos comicios y en el 2018 habrá un nuevo pulso, salvo que el Congreso consiga, de una vez por todas, reformar la Constitución.

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