Opinión

EDITORIAL

Tijeras al presupuesto

Actualizado el 15 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

Tiene razón el diputado Ottón Solís de emplearse a fondo para recortar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2015

Para encontrar una solución significativa y sostenible al problema de las finanzas públicas, es necesario emprender una reforma más profunda del Estado

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El presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, diputado Ottón Solís, está dispuesto a presentar incisivas mociones para recortar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2015, presentado por el Gobierno de la República. Está en todo su derecho y es parte de su deber con el país. Lo apoyamos plenamente.

En nuestra edición del pasado sábado se recogen declaraciones suyas que valen la pena destacar. Dejó entrever, entre otras cosas, que el ministro de Hacienda, Helio Fallas, no había hecho suficientemente la tarea de recortar gastos innecesarios y dispensables al elaborar su proyecto de presupuesto, y dijo tajantemente que “la tendencia al exceso y al abuso está ahí en todos esos rubros; tenemos que hacer una revolución violenta y radical del gasto público”. Hay que tener mucho valor y claridad mental para formular recomendaciones de tal talante a funcionarios públicos provenientes de su propio partido.

Es cierto: el proyecto de presupuesto ordinario de gastos de la República para el 2015, lejos de reflejar un esfuerzo por contener el gasto, más bien representa una expansión inusitada en casi todas las partidas, incluyendo sueldos y salarios. El total crecería un 19% con respecto al ejercicio del 2014, casi cinco veces la inflación programada por el Banco Central para ese año. El gasto ascendería a ¢7,9 millones de millones, y contendría un déficit del 6,7% del producto interno bruto (PIB), uno de los más elevados de las últimas décadas. Y, si se toma en cuenta que los ingresos fiscales reales apenas financiarían el 53% del total de egresos, se llega a la conclusión de que es un proyecto de presupuesto irresponsable.

Tiene razón el diputado Solís de emplearse a fondo para rescatar, en parte, una tarea inconclusa. Pretende, entre otros esfuerzos, recortar las abultadas partidas de sueldos y salarios en apartados como horas extras –reflejo de ineficiencia administrativa y abusos anteriores–, recortar un 40% las anualidades de funcionarios nuevos –los otros ostentarían derechos adquiridos–, y suprimir 190 plazas del Gobierno Central, excepto en el sector de educación. También planea recortar las exageradas partidas de consultorías en el Gobierno –vicio abusivo e inconveniente, exacerbado en los últimos ocho años–, varias partidas para la cuestionada Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y también del Poder Judicial, donde sus jerarcas, irreflexivamente, han resistido todo esfuerzo de racionalidad presupuestaria, dando muestras de absoluto desconocimiento de la verdadera situación fiscal.

De prosperar las mociones en la Comisión de Hacendarios, el fisco se podría ahorrar, aproximadamente, un 1% del PIB. Sería una suma importante –alrededor de una tercera parte del paquete fiscal presentado en el cuatrienio anterior–, pero, obviamente, insuficiente para reducir un déficit del 6,7% del PIB. Por tanto, continuarían los efectos económicos y sociales negativos de un presupuesto nacional tan deficitario, incluyendo la deficiente estructura de egresos, los denominados disparadores del gasto, el sacrificio de la inversión pública y, desde luego, la creciente presión sobre la deuda pública y los respectivos intereses. Por esa razón, es necesario ahondar más en los recortes presupuestarios.

Para encontrar una solución significativa y sostenible al problema de las finanzas públicas, es necesario emprender una reforma más a fondo del Estado, donde se cuestionen todos y cada uno de los programas, se evalúen resultados reales, y se acondicione el gasto a los recursos ordinarios. Pero también es probable y necesario reforzar algunas partidas indispensables para el desarrollo económico y social del país, como infraestructura, educación, seguridad y asistencia social, para lo cual será necesario incrementar los ingresos ordinarios mediante sendas reformas a los impuestos vigentes, tales como la transformación del Impuesto sobre las Ventas en uno al valor agregado (IVA), y modernizar el Impuesto sobre la Renta.

Haber pospuesto esas reformas tributarias, y las relativas al volumen y la estructura del gasto público, ha sido uno de los principales yerros de la presente Administración.

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