El uso de la plataforma digital Mer-Link para hacer más transparente y eficaz el proceso de compras públicas ya se estaba extendiendo, con éxito, cuando el gobierno decidió, en enero del 2015, crear el Sistema Integral de Compras Públicas (Sicop), construido sobre Mer-Link y administrado por Radiográfica Costarricense (Racsa), no por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En el acto, se fijó un plazo, a diciembre del 2016, para la migración de todas las instituciones a la nueva plataforma.
El plazo tiene tres meses de vencido y el gobierno ni siquiera confía en la posibilidad de cumplir la otra fecha límite, fijada por una ley en setiembre del 2016, que daba un año para lograr el empleo del sistema único de compras en todas las instituciones. La propia ley, promovida por el diputado del Partido Acción Ciudadana Ottón Solís, permite una prórroga de seis meses, pero Fabián Quirós, director general de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, también duda de que el plazo extendido sea suficiente.
Si se cumplen los malos pronósticos, la actual administración entregará el poder sin haber logrado la utilización extendida del sistema de compras públicas, urgente para adquirir bienes y servicios con transparencia, eficiencia y a mejor precio, porque la plataforma permite a la ciudadanía y a los propios proveedores vigilar los procesos. Por esa razón, los expertos creen posible abaratar las compras en un 20%, dado el estímulo a la competencia y la eliminación de costosos trámites y papeleos.
El plazo fijado para la integración de las entidades públicas a Sicop no es el primero señalado para la digitalización de las compras. La expresidenta Laura Chinchilla, con la paciencia perdida después de muchas demoras, decretó, en setiembre del 2013, la obligatoriedad del sistema Mer-Link en toda la administración central.
El nuevo gobierno frenó el proceso para desarrollar Sicop en circunstancias confusas. Mer-Link era ampliamente aceptada por las autoridades del Gobierno Digital, la Contraloría y la administración Chinchilla. El estudio técnico utilizado para cambiar el rumbo no apareció por ninguna parte. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no había un estudio completo y único para justificar los cambios, sino una serie de informes recopilados por Hacienda pero, en ese Ministerio, los responsables afirmaron que todavía preparaban la documentación días después de anunciados los cambios. Radiográfica confirmó la inexistencia de un estudio. El gerente, Francisco Calvo, declaró: “Creo que Hacienda, como ejecutora del proceso, podría tener alguno”.
Tampoco había claridad sobre las diferencias entre Sicop y Mer-Link o los motivos para trasladar la administración del proyecto del ICE a Racsa. Era previsible, sin embargo, el nuevo retraso del sistema único de compras públicas. Mer-Link, donado por el gobierno coreano, comenzó a operar en marzo del 2010. A partir de entonces, las luchas burocráticas contra su extensión a toda la administración pública no cejaron. El Ministerio de Hacienda se distinguió entre los más formidables obstáculos.
Ni los ejemplos de éxito, ni el poder de la Presidencia de la República, ni la intervención de los legisladores han logrado imponer la solución visualizada desde hace siete años al desorden en la inversión de tan cuantiosos recursos. En el 2017, los presupuestos públicos prevén el gasto de ¢5,2 billones, un 15,5% del producto interno bruto, en bienes y servicios cuya adquisición merece la mayor transparencia.
Escuchar