EscucharDiecinueve diputados impulsan una reforma a la Ley Orgánica del Banco Central para eximir a las cooperativas de ahorro y crédito de la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) si sus activos son menores a ¢20.000 millones u operan con una base cerrada de miembros. En este último caso, se refiere a cooperativas a las cuales no es posible afiliarse sin pertenecer a determinada categoría de personas.
El proyecto entraña graves peligros para las cooperativas, los ahorrantes y el cooperativismo en general. Sus impulsores alegan el alto costo de la supervisión, pero, hasta ahora, el sector financiero del cooperativismo se ha desarrollado al punto de representar la mayor parte de los activos del movimiento, según el censo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
El sector maneja cientos de miles de millones y la supervisión de la Sugef está muy bien justificada, aunque no puede ser gratuita. Las cooperativas de menor tamaño (hasta ¢1.211 millones en activos) son supervisadas por el Infocoop. A esa institución piensan asignar los legisladores la responsabilidad de vigilar el desempeño de las entidades de base cerrada o con menos de ¢20.000 millones en activos.
El proyecto pasa por alto la diferencia entre los esfuerzos necesarios para supervisar una cooperativa de menos de ¢1.211 millones y otra hasta de ¢20.000 millones. El Infocoop sí ha tomado nota de la distinción y se opone a la reforma propuesta. Alega no tener los recursos humanos y financieros necesarios para tan delicada función y señala la falta de herramientas legales para sancionar e intervenir una cooperativa en riesgo.
El Consejo Nacional de Cooperativas (Coonacop) también se opone, y su secretario ejecutivo, Freddy González, añade agudos razonamientos para justificar esa posición. El movimiento cooperativo nombra a los encargados del Infocoop, es decir, a los supervisores propuestos por el proyecto de ley. En efecto, las cooperativas elegirían a sus vigilantes, y como las de naturaleza financiera tienen tanto peso, serían, a fin de cuentas, juez y parte.
Esos razonamientos los debieron haber hecho los diputados de la Comisión de Economía Social Solidaria, pero salen de los órganos superiores del cooperativismo. Esta circunstancia le imprime un insólito dramatismo al llamado a defender la seguridad financiera del movimiento y la confianza depositada por el público en las cooperativas.
No faltan otras razones para actuar con cautela, entre ellas, muchas experiencias, algunas recientes, de cooperativas fallidas. Ese es el caso de Coopeaserrí, intervenida para proteger los intereses de los ahorrantes cuando la Sugef detectó riesgos de insolvencia y una grave disminución del patrimonio. Los ejemplos son muchos y el debilitamiento de la supervisión contribuiría a incrementar su número. En ausencia de vigilancia técnica, claro está, se amplía el espacio para los negocios y no solo para el mal manejo. También de eso hay ejemplos históricos.
Las cooperativas realmente pequeñas ya tienen una supervisión diferenciada del Infocoop. Las más grandes, donde el riesgo es evidentemente mayor, deben tener el costo de supervisión incorporado al modelo de negocios. Si los rendimientos no alcanzan para pagarlo, la existencia de semejantes cooperativas es muy cuestionable.
Los dirigentes del cooperativismo hacen bien al oponerse a una legislación capaz de arriesgar la confianza del público, esencial para el desarrollo de las actividades financieras. Lo extraño es el empeño puesto por los diputados en aprobar la reforma contra argumentos tan sólidos de los máximos organismos constituidos para agrupar a sus supuestos beneficiarios.
