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EDITORIAL

Servicios especiales de transporte

Actualizado el 11 de octubre de 2012 a las 12:00 am

No parece haber motivo para restringir los permisos de operación, y las razones ofrecidas por el Consejo de Transporte Público (CTP) no convencen

Según la Asociación Nacional de Transportistas, la actividad es fuente de ingresos para 20.000 familias en todo el país y cuenta con unas 10.000 unidades

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Empresarios del transporte especial de personas, casi todos dueños de negocios modestos, están preocupados por una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para limitar el número de permisos de operación. Se dedican a trasladar a estudiantes, turistas y trabajadores de empresas que incluyen el transporte entre los beneficios concedidos a los empleados.

La actividad está regulada para asegurar, hasta donde lo hace el Estado, las condiciones de seguridad. No parece haber motivo para restringir los permisos y las razones ofrecidas por el Consejo de Transporte Público (CTP) no convencen. Limitar las autorizaciones es poner coto a una actividad legal de la cual viven miles de familias. También implica restringir un servicio útil y necesario para la población.

Según la Asociación Nacional de Transportistas (Anatrans), la actividad es fuente de ingresos para 20.000 familias en todo el país y cuenta con unas 10.000 unidades en servicio, entre ellas autobuses, microbuses y busetas.

Mario Badilla, director ejecutivo del CTP, dice que el propósito es reformar un reglamento fechado en 1984, como si la antiguedad de la norma fuese motivo suficiente. Quizá haya provisiones obsoletas o necesitadas de revisión para ajustarlas a la realidad actual, pero la cantidad de permisos pertenece al ámbito de las políticas del transporte y la decisión de limitarlos exigiría justificaciones claras.

El director ejecutivo del CTP se muestra preocupado porque la cantidad de autorizaciones para transporte especial es el doble de las concedidas para autobuses de ruta regular. Según el MOPT, hay 4.550 autobuses autorizados para circular por rutas regulares y 8.550 dedicados al servicio especial. “Debemos hacer un análisis de lo que está pasando, porque la actividad principal es el servicio regular”.

Adelante, pues, con el análisis, pero el hipotético remedio al problema por analizar parece estar definido de antemano. De otra forma es imposible entender la incorporación de una cuota máxima en el proyecto de reglamento que tanta inquietud ha sembrado entre los empresarios de servicios especiales, casi todos pequeños o medianos.

La lógica apuntaría en otra dirección. Si las peticiones de permisos proliferan, es porque el transporte masivo deja importantes necesidades insatisfechas. En eso no hay culpa de las líneas regulares. Sus rutas, diseñadas para dar servicio a la mayor cantidad de personas, no se desvían para llenar los requerimientos de un colegio o una fábrica. Tampoco están hechas para trasladar al turismo.

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La restricción de los permisos privilegiará a quienes los tengan. Para aminorar la oposición al decreto, el CTP promete mantener los permisos existentes en la actualidad y limitar únicamente la concesión de autorizaciones futuras. Si la oferta satisface a los transportistas, no podrá decirse lo mismo de los intereses del usuario.

El Estado decidirá con cuántas opciones podrá contar y fijará los límites de la competencia.

Según Badilla, se limitará “el uso indiscriminado, vamos a ser más estrictos a la hora de conceder permisos”. Bienvenido el rigor dirigido a garantizar las condiciones de prestación del servicio, sobre todo en cuanto a seguridad, pero la facultad de “discriminar” en lo tocante al uso debe pertenecer a los interesados.

El libre mercado exige un nivel mínimo de regulación. El Estado debe arbitrar hasta donde sea estrictamente necesario para proteger el interés público, pero no más allá. Si los proveedores de servicios especiales luchan por mantener abiertas las posibilidades de ingreso al negocio, no es el Estado el que deba decir hasta dónde es lícita la expansión del servicio, mientras no invada las rutas establecidas.

Los transportistas advierten, precisamente, sobre la posibilidad de dar cabida a prácticas monopólicas si el CTP reduce la cantidad de permisos.

Hablar de monopolio parece exagerado, pero la escasez artificial, creada por regulación gubernamental, solo beneficia al puñado de elegidos.

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