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EDITORIAL

Sentido común

Actualizado el 14 de junio de 2014 a las 12:00 am

La inoperancia del sistema de pruebas de manejo es tan solo un ejemplo de infinidad de barreras burocráticas en cuya presencia los ciudadanos experimentan frustración

El aparato estatal no debe cruzarse de brazos y atestiguar, indolente, las penurias del ciudadano

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Quince mil personas llaman a diario para obtener una cita con los evaluadores de conocimientos de manejo, cuya aprobación es indispensable para obtener licencia. Solo unos 420 afortunados logran la ansiada oportunidad, casi siempre al cabo de semanas de insistencia.

El ciudadano empeñado en ejercer su derecho a conducir debe superar, primero, la prueba de ingresar al centro de llamadas contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cuando lo logra, la respuesta más común es el agotamiento de los cupos. Algunos aceptan hacer la prueba en localidades lejanas, donde la competencia es menor. Otros se resignan y vuelven a intentarlo.

Nadie ha hecho un esfuerzo consciente para martirizar a los aspirantes a obtener licencia. Es simplemente imposible satisfacer la demanda con 30 evaluadores, obligados a dedicar unos 25 minutos a cada examen. Luego de tomar en cuenta vacaciones, incapacidades, feriados y otros incidentes, es fácil entender las razones de las largas filas de espera.

Es preciso reconocer, entre las causas del desafuero, la desidia de la mayor parte de las 5.000 personas que desperdiciaron la cita entre enero y marzo. Algunos tendrán justificación, pero la mayoría solo agravó, sin motivo, la angustia de cientos de conciudadanos.

La comprensión de los motivos no elimina la insatisfacción de los solicitantes frente a un Estado incapaz de brindar servicios tan básicos. La inoperancia del sistema de pruebas de manejo es tan solo un ejemplo de infinidad de barreras burocráticas en cuya presencia los ciudadanos experimentan el más profundo sentimiento de frustración e impotencia.

Eliminar las barreras, y, con ellas, ese sentimiento, es indispensable para cimentar la identificación con el sistema de gobierno. No hay exageración en lo dicho. El contacto del ciudadano con el Estado casi siempre se produce en circunstancias como la de las pruebas de manejo y, con demasiada frecuencia, resulta en experiencias insatisfactorias, que corroen la relación con las instituciones.

A menudo, la irritación puede ser evitada. El sentido común no lo es tanto, como con frecuencia se ha dicho, pero en la Administración Pública parece escasear al punto de lo inaceptable. Si el servicio no se puede brindar de manera satisfactoria por escasez de recursos humanos, la solución es aumentar el personal disponible. Hacerlo no exige incrementar la planilla, según el viceministro de Transportes y Seguridad Vial, Sebastián Urbina. El funcionario solicitó al departamento de Recursos Humanos el traslado de 60 plazas al Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) para adjudicárselas a nuevos evaluadores.

Para conceder más citas, el Cosevi ampliará el horario de atención en tres horas en el mes de julio. Así podrá hacer 560 pruebas diarias y no 420, como ocurre en la actualidad. También es posible aliviar la saturación del centro de llamadas con el ejercicio del sentido común. Hasta ahora, el Cosevi concedía 265 citas diarias y los operadores recibían 15.000 llamadas. El viceministro decidió dejar de adjudicar las citas con racionamiento diario para concederlas en bloque, por periodos de 15 días, a fin de evitar que los interesados llamen a diario y pongan al sistema en peligro de colapso.

Las medidas parecen obvias, como es obvia la necesidad de preguntar por qué no fueron aplicadas en el pasado. El aparato estatal no debe cruzarse de brazos y atestiguar, indolente, las penurias del ciudadano. Está para servir y siempre hay formas de hacerlo mejor, muchas veces con solo aplicar el sentido común.

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