Opinión

EDITORIAL

Seguridad jurídica y calma social

Actualizado el 01 de mayo de 2014 a las 12:05 am

La Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur enmienda la injusticia de la que han sido objeto propietarios cuyos derechos eran históricos

Cuando en 1985 se decretó el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, no se tomó la precaución de excluir al pueblo del área protegida

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La Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur pone fin a la incertidumbre de 21 familias de Manzanillo expuestas al desalojo y la demolición de sus inmuebles al ser acusadas de contravenir la normativa de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT). La noticia debe alegrarnos porque enmienda la injusticia de la que han sido objeto propietarios cuyos derechos eran históricos o sufrieron la falta de una adecuada coordinación entre la Municipalidad de Talamanca y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Cuando en 1985 se decretó el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, no se tomó la precaución de excluir al pueblo del área protegida. Esa no era la primera vez en que los pobladores del Caribe sur no habían sido consultados sobre políticas nacionales que los afectaban directamente.

El establecimiento del Parque Nacional Cahuita, en 1970, suscitó un conflicto social que tardó tres décadas en resolverse, y que exigió la puesta en práctica de un modelo de cogestión entre la comunidad y el Sinac. En 1976, la creación de la reserva indígena Cocles –llamada Keköldi, diez años después– también afectó a grupos afrodescendientes con títulos de propiedad.

Las leyes del Caribe sur y la de Zonas Urbanas Litorales, también recién aprobada, definen un marco jurídico consistente que sustituye la moratoria que suspendió temporalmente los desahucios en el 2012 y otorgó un plazo de dos años para encontrarle una solución definitiva al problema.

Por un lado, el refugio se reduce en un 4%, en la franja costera que va de Puerto Viejo al límite de Manzanillo, lo que desafecta el territorio ocupado por la población. A la vez, se les permite a los vecinos que están dentro del área protegida, y que disfrutan de derechos históricos, acogerse a la concesión municipal o permiso de uso de suelo.

El nuevo contexto legal pretende armonizar la conservación ambiental con la sostenibilidad económica y el desarrollo local al permitirle a una de las zonas con mayor potencial turístico del país salir de la zozobra y volver a crecer en inversión, infraestructura y creación de empleos, vitales para la comunidad.

Además, garantiza el fortalecimiento de la identidad afrocaribeña, que se ha ido enraizando por generaciones, y la preservación de un modelo basado en pequeños y medianos hoteles, albergues y sitios de ecoturismo.

No podemos olvidar que todos estos elementos cobran su verdadero significado en una región que, si bien es famosa por sus paisajes naturales y áreas protegidas, también se caracteriza por precarias condiciones de vida, pobreza, delincuencia y escasas oportunidades de trabajo.

A pesar de las buenas intenciones con las que fueron lanzadas, iniciativas como las de Cahuita y Gandoca-Manzanillo no repercuten en un beneficio inmediato para sus habitantes, los cuales no solo sufren en ocasiones la expropiación de sus tierras, sino que también deben adaptar su cultura y fuentes de subsistencia a la nueva situación. Estas experiencias, para ser exitosas, deben ser gestionadas socio-ambientalmente por parte del Estado y de los gobiernos locales.

El proceso en el Caribe sur aún no ha terminado y el paso siguiente es que la Municipalidad de Talamanca cuente con un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial y gestión ambiental. Sin embargo, es útil recordar que solo 18 municipios en el país cuentan con este mecanismo básico, y que ha sido la ausencia de planificación, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, lo que ha llevado a importantes conflictos en la ZMT.

Al aprobar la ley del Caribe sur, uno de sus impulsores, el vicepresidente Alfio Piva, anunció que el plan regulador tiene un costo de ¢100 millones. Sin embargo, la realidad es que los municipios carecen de capacidades para emprender este costoso proceso de forma autónoma o sin asesoría técnica.

En el caso de Guanacaste, los intentos de obtener la aprobación de 14 de estos programas ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) fueron infructuosos, tanto por incapacidad municipal para darles seguimiento como por insuficiencias presupuestarias y administrativas. Después de este largo camino para llegar a la tranquilidad de los vecinos, esperamos que no pase lo mismo en Manzanillo.

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